Columnistas

Señales del paro nacional en Chile

La Razón / Danilo Quijano

00:19 / 03 de julio de 2013

El paro nacional del pasado miércoles en Chile y la puesta en movimiento de estudiantes y trabajadores, alrededor de 100.000 sólo en Santiago, nuevamente ponen en jaque al gobierno de Piñera y a las alianzas electorales, faltando cinco meses para las elecciones generales. Inicialmente convocado por la Confederación de Estudiantes de Chile, la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios de Chile, la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios, el Sindicato Interempresas de la Gran Minería y Ramas y la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), finalmente se realizó también con la adhesión de la Confederación de Trabajadores Portuarios, Central Única de Trabajadores y la Asociación Nacional de Maestros.

El planteamiento central de los estudiantes es “una educación gratuita y de calidad para todos”. Y, en el caso de los trabajadores organizados en la CTC, sus demandas principales son “pensiones dignas, nueva política nacional minera de renacionalización, terminar con los abusos y maltrato laboral, fiscalización eficaz de la legislación laboral y previsional, y poner fin a los accidentes de trabajo”. Al mismo tiempo, en varias regiones del sur, organizaciones sociales y comunidades del pueblo mapuche persisten en conseguir la libertad de sus dirigentes encarcelados, la recuperación de sus tierras y territorios, y el ejercicio pleno de su derecho a la libre autodeterminación y autogobierno. Al norte, organizaciones sociales aymaras exigen al Gobierno el cuidado de los habitantes y la preservación de los ecosistemas que habitan.  

Incluso entre las propuestas y demandas de los movilizados se plantea la realización de una Asamblea Constituyente, para  facilitar cambios estructurales de largo plazo y reemplazar la Constitución pinochetista de 1980. En ese sentido, antes del paro mismo, la propuesta de una “huelga electoral” (no participar en las próximas elecciones generales) es convergente con el planteamiento de adicionar un ánfora y una papeleta de votación en los próximos comicios para consultar la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

Es decir, después de 20 años de gobiernos de “la concertación” (1990-2010), y algo más de tres años de gobierno de “la alianza por el cambio” (2010-2013), una de las cuestiones centrales que develan los conflictos y movimientos sociales en curso es la pérdida de legitimidad de un sistema de representación y ejercicio de gobierno, en el que los representantes por lo general deciden y actúan en ausencia de los representados y a contrasentido de sus propuestas y demandas.

Según Adimark, en mayo, la alianza por el cambio y la concertación sólo obtuvieron un 29% y 23% de aprobación, respectivamente. En el Congreso, la Cámara de Senadores consiguió un 21% de aprobación y 68% de desaprobación; la Cámara de Diputados, un 16% de aprobación y 74% de desaprobación; y, en el mismo mes, la administración Piñera, un 40% de aprobación y 50% de desaprobación.

En un escenario así, cuyo antecedente es un 60% de ausentismo en las elecciones municipales de 2012, los movilizados en el paro nacional saben muy bien que “si no fuera por las movilizaciones, aún se creería que lucrar con la educación es ser emprendedor”, y que sólo el poder constituyente de los movimientos sociales conseguirá realizar una Asamblea Constituyente, como ocurrió en Bolivia, Ecuador y probablemente ocurra en Brasil.   

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