Columnistas

Silogismo del TIPNIS

Existen dos maneras  para poner fin a esta contradicción: cambiamos las palabras o cambiamos los hechos

La Razón / Jorge Komadina Rimassa

00:27 / 12 de abril de 2012

Premisa mayor: la Constitución de 2009 reconoce de manera superlativa e inequívoca el derecho de los pueblos indígenas a su autodeterminación. Este derecho fundamental incluye, entre otras prerrogativas, la obligación de consultar de manera previa, libre e informada a las comunidades indígenas en asuntos que afecten sus territorios y sus modos de vida.

Premisa menor: el gobierno de Evo Morales se ha negado a reconocer los derechos de autogobierno de los pueblos indígenas que habitan el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS), y a garantizar su pleno ejercicio. 

La conclusión del silogismo es muy simple: existe una grave contradicción entre las palabras y los hechos, entre la Constitución Política del Estado Plurinacional y la actuación del actual Gobierno respecto a las demandas de autogobierno de los indígenas.

Pues bien, existen dos maneras de proceder para poner fin a esta contradicción: cambiamos las palabras o cambiamos los hechos. La primera opción es suprimir de la Constitución toda alusión a los derechos de autodeterminación indígena, incluyendo el denominativo “Estado Plurinacional de Bolivia”. De esta manera, el gobierno del Movimiento Al Socialismo evitaría la colisión frontal con la Carta.

La segunda alternativa es mantener la premisa mayor, preservar las palabras. Para salvar la contradicción, en este caso, sería necesario que la actuación del Gobierno tienda a garantizar el ejercicio pleno de los derechos consagrados por la Ley, hecho que implicaría una modificación radical de su actual posición.

Por supuesto, existe una tercera opción: mantener las cosas como están, “vivir la contradicción”, al fin y al cabo Bolivia es el país donde la Ley se “acata, pero no se cumple”, como rezaba el silogismo de los doctores de Charcas que fundaron la República a principios del siglo XIX. Pero esta opción crearía un nuevo y muy serio problema: las organizaciones sociales y los ciudadanos tendrían que renunciar a su derecho a verificar el cumplimiento de sus derechos inscritos en la Ley, valga el trabalenguas.

En todo caso, no son los indígenas los que deben mostrar la legitimidad y la legalidad de sus demandas, le corresponde al Gobierno demostrar, por medio de los hechos, la existencia de ese nuevo artefacto político creado por el referéndum de enero de 2009, el Estado Plurinacional de Bolivia, cuyos cimientos son —precisamente— los derechos de los pueblos indígenas.

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