El alza de las tarifas de gas natural para la industria establecida recientemente por la Agencia Nacional de Hidrocarburos ha sido objeto de tergiversación y malentendidos, desde confundirla como una medida neoliberal hasta señalar que su fin es financiar el déficit fiscal. Revisemos un poco el contexto.

En primer lugar se debe considerar que la referida medida no es un aumento de las tarifas de gas como tal, es más bien una reducción de la subvención al sector industrial, que se ha beneficiado durante los últimos 18 años con precios bajos y subvencionados. Además, el impacto del incremento alcanzaría solo al 25% del consumo en el mercado interno.  

También es incorrecto denominar la medida como “neoliberal”, pues esto significaría levantar las subvenciones por completo y dejar que el precio del gas fluctúe y sea determinado por la oferta y la demanda. En cambio, el ajuste a las tarifas mantiene la actual política redistributiva y de subvención de derivados del petróleo en el mercado nacional.       

Una mirada a los precios en el mercado externo nos permite deducir que después de la reducción de la subvención aún existen márgenes de competitividad que continuarán beneficiando al sector industrial. Por caso, tomando como referencia el precio internacional de gas Henry Hub y considerando la máxima tarifa después de la medida para el mercado interno, se observa precios más bajos en el país.

Entonces ¿a qué responde la nivelación de las tarifas de gas natural? Obedece más a una medida social de redistribución de la riqueza, que es una de las principales características del actual modelo económico. Lo que se pretende con la reducción de la subvención al sector industrial es usar esos recursos para ampliar el acceso al servicio de gas en las poblaciones más pobres y alejadas de los centros urbanos; es decir, es un subsidio cruzado.

Por otro lado, señalar que las nuevas tarifas están dirigidas a reducir el déficit fiscal muestra un total desconocimiento sobre el tema. Al respecto, se debe indicar que los ingresos adicionales por las nuevas tarifas contribuirán directamente al flujo de YPFB y no a las arcas del Tesoro General de la Nación, como erróneamente se menciona. Si la medida hubiese sido implementada en 2016, los ingresos adicionales estimados por el cambio de precios implicarían una variación de apenas 0,07% en términos del PIB, cuando la presión tributaria se encuentra en 20,5% del PIB, es decir que su incidencia es mínima.              En conclusión, la implementación de programas de este tipo es lo que ha permitido a Bolivia obtener importantes avances sociales con precios accesibles de los servicios básicos en poblaciones más alejadas y de menores ingresos económicos.