Columnistas

‘Súper Estado minero’

Hemos construido un régimen jurídico y de tributación que es una ‘camisa de fuerza’ para los operadores mineros.

La Razón (Edición Impresa) / Dionisio J. Garzón. M

00:00 / 19 de enero de 2018

En días pasados, la prensa escrita (La Razón 14.01.18) consigna información preliminar sobre las ganancias de algunas empresas de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol). Huanuni habría ganado $us 21,29 millones en 2017; Colquiri, $us 22,20 millones; Corocoro, $us 600.000; y las ventas de la metalúrgica Vinto, que procesa la producción de estaño de las dos primeras, se habrían incrementado en un 9,7%. Al margen de la importancia intrínseca de estas cifras, que reflejan una leve mejoría de precios de metales en el mercado internacional en 2017, demuestran que Comibol aún vive de la herencia de viejos distritos mineros cuya historia se remonta a los últimos años del siglo XIX y primeros del siglo XX; y que la escala de estas operaciones es similar o inferior a la que tenían en aquellos tiempos. También se deduce que el resto de operaciones dependientes de la estatal minera (v.g. Karachipampa, Telamayu, Mallku Khota, etc.) siguen en el marasmo de problemas técnicos y sociales a los que en varias ocasiones me referí en esta columna.

Sin el ánimo de ser reiterativo ni de adoptar poses de clarividente, este comportamiento de la minería controlada por el Estado se veía venir hace mucho tiempo. Ya en la Asamblea Constituyente y en años posteriores al promulgar la Ley 535 de Minería y Metalurgia, hemos construido un régimen jurídico y de tributación que es, como lo bauticé, una “camisa de fuerza” para los operadores mineros. Todo el debate sobre este asunto que se recopiló en esta columna y en mi libro De oro, plata y estaño (Plural Editores, 2014 y 2017) apunta a que es imposible potenciar Comibol, generar nuevos proyectos de clase mundial y dejar la informalidad campante en el sector con este tipo de legislación.

Las evidencias saltan a la vista. La escala de las ganancias de Comibol pareciera corresponder a una empresa de la minería chica y no a una corporación minera. Tampoco se puede comparar, por ejemplo, con las ganancias del sector minero informal del oro, cuyo movimiento anual siempre está en torno a los $us 1.000 millones, y cuya contribución al Estado es muy pequeña. Los resultados muestran una realidad lapidaria, Comibol es la quinta rueda del carro de la minería nacional hoy día, y no por falta de compromiso de sus ejecutivos actuales, sino por una legislación que no se compadece de la estatal minera y de su historia de décadas generando las divisas que el país necesitó en su transitar republicano y de su contribución al desarrollo nacional.

La legislación nos vende humo, pero (machacando algunas frases del libro), más allá de la capacidad innata de maravillarnos con encendidos discursos como nuestros antepasados con espejitos de colores a cambio de sus ornamentos de oro, vemos de reojo cómo nuestros proyectos mineros no avanzan, a diferencia de las arengas. No hemos podido hacer de Comibol un holding de empresas como mandan los manuales, pero anunciamos millonarias inversiones que a la larga no se concretan o no tienen resultados, como en Corocoro, cuyo desenlace ya estaba escrito desde los años 80 cuando se intentó un proyecto similar. Sacamos de Comibol proyectos grandes como la siderurgia en el Mutún y el proyecto de litio y potasio de Uyuni, y dejamos a la corporación los problemas ¿estará bien esta política? ¿dejará algún resultado positivo?

Las dudas crecen y todo pareciera indicar que no queremos una corporación minera; nos contentamos con informalidad reinante, que genera trabajo informal y movimiento en el mercado interno. Triste destino para una institución que era el puntal de la economía y de la política nacional, considerada el núcleo central del “Súper Estado minero” de los años de gloria de la minería nacional.

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