Columnistas

Yapacaní, todo un caso

Hay un proceso jurídico para destituir a los alcaldes. Pero los caminos legales no conducen a Roma

La Razón / Carmen Beatriz Ruiz

00:32 / 25 de enero de 2012

Noviembre 2011. El alcalde de Yapacaní, David Carvajal (MAS), dejó el cargo por presión, luego de dos semanas de conflictos en ese importante punto de entrada al departamento de Santa Cruz. La población acusó al alcalde de irregularidades en el manejo de fondos e incumplimiento de obras. Durante ese lapso se llegó a contar 18 km de camiones, buses y autos varados por el bloqueo, pérdidas millonarias en alimentos y tiempo que la propia gente tuvo que resolver por su cuenta.

Diciembre 2011. Las movilizaciones se suspendieron luego de un cabildo en el que las instituciones del municipio, constituidas en un comité interinstitucional,   nombraron al concejal Zenobio Meneces, también del MAS, como alcalde interino.

Primera semana de enero de 2012. Carvajal retornó a sus funciones, apoyado por un contingente de policías que dispersaron a los manifestantes que intentaban bloquear de nuevo la carretera para impedírselo. Esta vez, el enfrentamiento dejó 22 heridos y 30 personas detenidas.  Al mismo tiempo, la Sala Penal del Tribunal de Justicia de Santa Cruz emitió una resolución ordenando la reposición del alcalde Carvajal en el cargo. Representantes del comité interinstitucional y  un asambleísta departamental, ambos del MAS, denunciaron abuso policial contra la población de Yapacaní, y la protección de autoridades del Poder Ejecutivo al depuesto alcalde Carvajal. El Viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales rechazó la presión social como recurso para remover autoridades, aludiendo al recurso constitucional de revocatoria de mandato. Días después, se suscitaron violentos enfrentamientos entre pobladores y la Policía, un paro, marchas y un cabildo convocado por las juntas vecinales del municipio. Mientras tanto, la Alcaldía estaba cerrada, funcionando a media máquina y las cuentas del municipio seguían congeladas.

Segunda semana de enero de 2012. El alcalde Carvajal renunció, luego de que los enfrentamientos se cobraran tres muertos, todos por efecto de numerosos impactos de balines de la Policía. La población pidió que renuncien el Ministro y el Viceministro de Gobierno, y la jefa de Policía de Santa Cruz, que se libere a las personas detenidas por su participación en las movilizaciones y que se abra causa penal contra el ahora exalcalde. El ministro Carlos Romero acusó a las personas detenidas por asesinato, atribuyéndoles la responsabilidad de las tres muertes ocurridas durante los enfrentamientos precedentes. La Fiscalía desestimó la acusación de homicidio contra las personas detenidas. Éstas fueron liberadas.

19 de enero: El Concejo eligió a Zenobio Meneses como nuevo alcalde de Yapacaní. Yapacaní no es la excepción. En San Buenaventura (La Paz) el Alcalde fue atado a un cepo de madera por los pobladores, que lo acusan de haber malversado cemento asfáltico. En Porongo y San Julián (Santa Cruz) hay denuncias por acusaciones de malversación de fondos. En San Julián, fueron destituidos dos alcaldes en 2009, y la cifra suma y sigue.

La forma de destituir a un alcalde elegido mediante voto popular es el procesamiento, lo cual supone, inexcusablemente, que la Fiscalía emita una acusación formal o pedir un referendo revocatorio, para lo cual también hay un proceso jurídico e institucionalizado. Pero, los caminos legales no conducen a Roma. Cosa que hacen, eficazmente, la presión, movilización y movidas políticas. Sin embargo, la Cumbre masista pidió 70 leyes nuevas, ¿para violarlas mejor?

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