Columnistas

Más allá de la renta ‘Dignidad’

Agotadas sus fuerzas biológicas, aún deben lidiar con delincuentes que se apoderan de sus bienes

La Razón / Carlos Antonio Carrasco

01:03 / 13 de diciembre de 2011

Hace unos días, recorrieron las calles de La Paz decenas de ancianos que reclamaban un aumento al bono de Bs 200 que reciben mensualmente por el solo hecho de haber sobrevivido al promedio de esperanza de vida, en un país donde, para un tercio de la población, amanecer cada día con el cuerpo y el alma juntos ya es una hazaña.

Naturalmente, ese pedido fue desechado de llano, porque en verdad no es propiamente un derecho, sino una cortesía del Estado para un sector improductivo. Sin embargo, si el propósito de ese bono es auspiciar algún margen de dignidad para los adultos mayores, ciertas medidas podrían adoptarse sin incidencia presupuestaria, pero con gran impacto en el segmento más vulnerable de la sociedad.

No bastan las generosas regulaciones que acortan las filas en bancos y otras instituciones en favor de los viejos. Hay otras formas de defender, esta vez sus derechos, cuando el aparato judicial los deja indefensos ante la maraña de exigencias burocráticas que por la corrupción generalizada empuja a los ancianos a la desesperación.

Por ejemplo, si en el registro de Derechos Reales el nombre del propietario tiene una letra de más o de menos, el impetrante deberá entablar un proceso judicial que puede durar meses o años, dependiendo del apetito gástrico de abogados, procuradores, tramitadores y empleados de esa repartición, reputada como la más corrupta de la administración estatal, curiosamente soslayada por el Ministerio de Transparencia.

Otro problema social se detecta frecuentemente en ocasiones en que los hijos o los nietos, hartos de guardar y atender al abuelo o a la abuela, deciden echarlo de su propia casa y ponerlo (s) en el asilo público. Muchas veces haciéndoles firmar documentos de transacciones fraudulentas.

Ejemplo clásico es el despojo de la propiedad de algún anciano que habiendo alquilado su casa o departamento a un inquilino inescrupuloso, éste deja de pagar por meses el alquiler respectivo y desafía al dueño a entablarle un proceso de desalojo, a sabiendas que éste durará varios años, tiempo precioso para el  afectado.

Ante estos abusos, corresponde que la cumbre social que se realiza actualmente en Cochabamba demande la inmediata aprobación de una ley corta que, con carácter vinculante al Órgano Judicial, establezca el ajuste de términos de prueba, apelaciones y otros ardides judiciales en favor de los querellantes de la tercera edad (de 70 años mínimo). Esta medida beneficiaría en particular en los casos de despojo forzado o inducido por familiares despiadados o por personas ajenas que ocupan a fortiore los bienes de propiedad de los ancianos, dejándolos desamparados.

¿Qué mayor dignidad podría otorgarse a bolivianos y bolivianas que, agotadas sus fuerzas biológicas, tienen aún que lidiar con delincuentes que se apoderan de sus bienes, aprovechando el defectuoso sistema judicial, la carencia de una clara Ley del Inquilinato y la fragilidad de sus víctimas?

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