Columnistas

Los ocho años de Evo Morales

Ningún logro podrá mantenerse si no se encara con realismo el problema de la inseguridad

La Razón (Edición Impresa) / Horst Grebe López

00:00 / 19 de enero de 2014

En estos ocho años en que Evo Morales ha ejercido la presidencia sin mayores contrapesos institucionales ni restricciones presupuestarias, el país ha cambiado en términos cualitativos y cuantitativos; es algo que no se puede desconocer. Existe en efecto  una nueva correlación de fuerzas sociales, lo cual se expresa en la presencia de nuevas élites en los principales puestos de mando de la política, en la burocracia estatal y en el cuerpo diplomático. Se ha aprobado una nueva Constitución Política del Estado, la cual establece que Bolivia es un Estado Plurinacional con autonomías. Y aunque eso tiene todavía un carácter más retórico que efectivo, todo hace pensar que la institucionalidad futura se desarrollará a partir de tal definición, con muy pocas probabilidades de que en un horizonte próximo se den condiciones para un retorno a la República anterior. Más probable parece que circunstancias políticas favorables podrían expresarse en reformas constitucionales que apunten a una nueva síntesis entre los equilibrios y controles republicanos y los componentes auténticos de la representación plurinacional y la administración autonómica en los niveles departamentales y municipales.

A tales efectos será preciso, no obstante, que la mediación entre la sociedad y el Estado se lleve a cabo en el futuro por parte de organizaciones de representación distintas de los movimientos sociales, que han suplantado en estos años a los partidos políticos tradicionales, sin contar para ello con las mínimas condiciones de democracia interna, transparencia y rendición de cuentas por los recursos y las responsabilidades que administran sus dirigentes.

En materia institucional, el estilo autoritario de gobernar del presidente Morales ha impedido que el proceso de cambio adquiera una dinámica autosostenida de reformas acumulativas y aprendizajes procedimentales por parte de las nuevas élites. Ha dejado en cambio un cúmulo de tareas incumplidas, que probablemente no se cumplirán mientras prevalezca una concentración tan grande de poder discrecional en manos de una sola persona.

Las reformas institucionales incompletas no han impedido sin embargo que el desempeño de la economía adquiera rasgos inéditos de holgura fiscal, una ingente disponibilidad de divisas y una percepción generalizada de mejoras en el bienestar de todos los estratos sociales, como nunca antes en el pasado. Lo notable es que todo esto ha ocurrido sin mayores transformaciones del patrón primario-exportador de desarrollo. Por el contrario, el auge de precios internacionales de exportación de gas natural y minerales ha proporcionado los recursos para una política redistributiva de magnitudes significativas, cuyos efectos han sido reforzados por el derrame de ingresos proveniente de las actividades vinculadas con el narcotráfico y el contrabando. En ese contexto, el sector informal se ha ampliado notablemente en paralelo con una verdadera explosión del sector de la construcción, que está cambiando el perfil de las principales ciudades y, en particular, de Santa Cruz, que se ha transformado en el principal centro económico y financiero del país.

No es de extrañar que las autoridades destaquen el espectacular crecimiento de las variables macroeconómicas, junto con la idea de un nuevo posicionamiento del país en el concierto internacional de naciones. Pero ahora que empieza a cambiar la dirección de los vientos, urge recordarles que el Estado es el promotor y garante en última instancia de las libertades individuales y colectivas, los derechos humanos y las garantías constitucionales, y que ningún logro podrá mantenerse en el futuro si no se encara con realismo el problema de la inseguridad creciente de las personas, los ciudadanos y los agentes económicos.

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