Columnistas

La autonomía relativa

Si la ciudadanía debe hacer cumplir sus derechos a pedradas, qué sentido tiene el Estado para los pobres

La Razón (Edición Impresa) / Pablo Rossell

00:00 / 02 de febrero de 2014

La autonomía relativa no es aquella de eslogan, de consigna, que en su momento inventó la identidad de la “media luna” (¿alguien se acuerda de ella?), con el fin de oponerla al gobierno de Evo Morales. No, en esta ocasión, el tema es la autonomía relativa del Estado que, en términos muy generales, se puede decir que es la capacidad que tiene el Estado de hacer valer sus propios objetivos (que se supone expresan lo que la sociedad cree que es el bien común) por encima y de manera independiente de los intereses y apetitos de los grupos particulares de la sociedad.

La autonomía es relativa porque las pugnas entre los intereses de los diversos grupos de la sociedad, y entre ellos y El estado, son dinámicos. En muy contadas ocasiones se puede decir que el Estado actúa en función de sí mismo, de manera totalmente ajena a los intereses de la sociedad. Cuando el Estado toma decisiones, sucede lo que Rubencito expresó magistralmente en una canción: “Alguien pierde, alguien gana, ¡Ave María!”.

¿A qué viene esta perorata? Pues la autonomía relativa tiene que ver, según su columnista, con un asunto repetitivo, monótono, cotidiano como tomar minibús... Bueno, pues tiene que ver con los minibuseros (y transportistas en general) quienes, por decisión propia y con un esmero digno de mejor causa, se asemejan cada vez más al Brutus de Popeye, a Gárgamel de los Pitufos. Y para los jóvenes que leen esta columna, podría seguir con Voldermort de Harry Potter o Sauron del Hobbit. Imagine cómo serán estos personajes que en nuestra mitología precolombina no tenemos a nadie tan pintado como ellos.

La alegría por la llegada de los PumaKatari y del teleférico se va diluyendo con el paso del tiempo, que tozudamente nos muestra la realidad de las correlaciones de fuerzas que los ciudadanos de a pie (o de minibús, para el caso) debemos presenciar cuando se trata de resolver uno de los problemas más urgentes de nuestra vida. Pierde el bienestar, pierde el “vivir bien” de lo cotidiano, tan pequeño pero tan lleno de vida.

Pasa que en el caso de los PumaKatari, del teleférico y de los Sariri, el Estado debe pedir permiso a los sindicatos de empresarios del transporte, cual si fueran dueños de las rutas. Resulta que hay que negociar con ellos, porque, dicen, el transporte masivo podría quitar fuentes de trabajo a sus afiliados. Y la cosa se pone peor. En El Alto, los valientes vecinos de Villa Adela, Mercedario y Libertad expulsaron al sindicato Arco Iris porque los criminales los atracaban repetidamente en los buses de ese “sindicato”. Ahora resulta que “el sindicato” amenaza con “medidas de presión” contra la población alteña, y los vecinos denuncian incluso amenazas de muerte.

Decía que el Estado está obligado a negociar nuestro bienestar, nuestro vivir bien; está obligado a negociar las condiciones en que usted y yo accederemos o no a un transporte cómodo y digno, o a seguir apretándonos en un inseguro minibús que llegará o no hasta su parada final, dependiendo del humor del chofer. El Estado está obligado a hacer eso porque los sindicatos de empresarios del transporte tienen tras ellos la fuerza de choque de sus afiliados.

Es decir, la autonomía relativa del Estado reducida a su mínima expresión, mientras no pueda hacer un uso eficaz de sus instrumentos de fuerza. Porque la negociación no nos beneficiará, pues se juega nuestro bienestar, ya con un punto en contra. Y nuestro bienestar no se negocia. Se impone, por la fuerza. Por eso, el Estado es el Estado. Y si la ciudadanía debe —como en El Alto— hacer cumplir sus derechos a pedradas, ¿qué sentido tiene el Estado para los más pobres?

Es economista.

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