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¡Hemos avanzado!

La violencia es la acción más aborrecible que ejerce el ser humano, y es condenable de donde venga

La Razón (Edición Impresa) / Gisela López Rivas

00:52 / 13 de septiembre de 2014

Quien calla otorga, dice el refrán, ¿no? Y yo no concedo nada que esté en contra de mi género, menos si se trata de nuestros derechos o libertades; o de nuestras luchas como mujeres para lograr una vida libre de violencia.

Candidatos machistas hay en todas las listas de todos los partidos en pugna. Eso es un hecho que no se puede negar. Así como también hay funcionarios públicos machistas en todos los niveles de gobiernos; comunicadores y periodistas machistas en todos los medios de comunicación; médicos, arquitectos, jueces, fiscales, concejales, asambleístas, en fin. La sociedad boliviana —hombres y también mujeres— es profundamente machista, sexista y patriarcal. Eso debe cambiar.

No voy a defender a ninguno de ellos. Menos a los que son mis compañeros de ideología, porque la violencia, al igual que las dictaduras y la corrupción, no tiene punto medio, no tiene balance, no merece un trato objetivo o ecuánime. La violencia es la acción más aborrecible que ejerce el ser humano sobre otro, y es condenable de donde venga.

Sin embargo, obligada también estoy a subrayar todo lo que en los últimos años se ha hecho desde el Estado, no solo para disminuir la violencia hacia las mujeres, sino para eliminarla. Sí, así de textual, el fin del Estado Plurinacional es “erradicarla” y “construir una sociedad justa y armoniosa”, como dice la Constitución.

El primer hecho histórico ha sido el reconocimiento en la nueva Constitución Política del Estado del derecho que tenemos las mujeres a una vida libre de violencia. Eso no había en la anterior Carta Magna. Es una conquista nuestra en este periodo constituyente.

El segundo hecho histórico ha sido la aprobación de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (Ley 348), en la que el Estado Plurinacional asume como prioridad la “erradicación de la violencia hacia las mujeres”. Establece con claridad quién hace qué para que nosotras logremos esa ansiada vida sin ultrajes. Define cuál es el rol del nivel nacional de gobierno, y a través de qué ministerios debe cumplirlo; precisa cuáles son las competencias de los gobiernos subnacionales, el municipal y el departamental; y, como si fuera poco, manda que los medios de comunicación dediquen espacios para la difusión de mensajes contra la violencia a las mujeres como un aporte educativo y cultural en la sociedad.

Esta ley incorpora la figura penal del feminicidio que antes no existía en la normativa boliviana. Sí, ese término que ha sido utilizado en las últimas semanas para cuestionar al Gobierno nacional diciéndole que no hace gestión para frenar las muertes de mujeres, fue precisamente incorporado como una figura penal en la normativa boliviana por este mismo Gobierno. Esta ley, además, define alrededor de dos decenas de tipos de violencia hacia las mujeres: la violencia física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, contra la honra y el nombre, mediática, etcétera.

¿Que esta ley no funciona? Verdad a medias. La Ley 348 acaba de aplicársela en dos casos de mujeres —una niña y una adulta— asesinadas por su condición de género (ambos casos de feminicidios mediáticamente difundidos). Otra verdad también es que esta ley manda crear una estructura nueva en el Estado que permita su implementación integral, y esta estructura aún no se ha terminado de armar.

El tercer hecho inédito ha sido la aprobación de la Ley 243, contra el Acoso y la Violencia Política, que revoluciona la legislación de derechos políticos y protección de las mujeres a nivel internacional. Tiene como fin eliminar actos, conductas y manifestaciones individuales y colectivas de acoso y violencia política que afecten a las mujeres en el ejercicio de funciones políticas.

Sigo con el recuento. El cuarto hecho —inédito también— es lo más significativo en cuanto a nuestros derechos políticos. Nunca antes las mujeres habíamos logrado tantos espacios de decisión política. En los comicios municipales de 2004, el país eligió alrededor de 400 concejalas en los más de 300 municipios del país; en los de 2009, con base en la nueva Constitución, el país eligió casi 800 concejalas para los mismos municipios.

La representación parlamentaria también se disparó. En la Cámara de Senadores, en 2005 tuvimos 4% de mujeres; mientras que en 2009 alcanzamos el 44%. En la de Diputados, en 2005 hubo el 17% de mujeres; mientras que en 2009 accedimos al 23%.

Ahí no paró el avance. Para las elecciones de este año, el mandato constitucional de la paridad estuvo a punto de cumplirse en la presentación de las listas de candidatos. El Tribunal Electoral registró 741 postulantes varones titulares y suplentes y 737 mujeres titulares y suplentes, que pugnarán en octubre por un curul en la Asamblea Legislativa.

Estas cifras de representación política de las mujeres bolivianas ha permitido que el país avance del puesto 87 en 2006 al puesto 30 en 2012, según el ranking mundial de igualdad de género de ONU Mujeres. Bolivia ocupa el segundo lugar en participación política de las mujeres en Sudamérica.

Atrás quedó la estafa de la cuota del 30%, ¿se recuerdan? Qué atrevimiento más descarado el que tuvieron con nosotras al “concedernos” el 30% de representación política como gran cosa.

La primera gestión de gobierno que instala un gabinete ministerial paritario hombre-mujer ha sido la de Evo Morales. Otro hecho histórico innegable.  Estos logros no solo han tenido la venia del presidente Evo y del vicepresidente Álvaro, también han tenido el impulso y, en algunos momentos, la reflexión dura para que se aprueben y se viabilicen. No fueron leyes de la iniciativa de la oposición, por si acaso.

Todo ese vasto avance no es suficiente. Verdad. Siguen muriendo mujeres en manos de feminicidas. Siguen acosando y violentando a asambleístas, concejalas y alcaldesas, también es verdad. Por eso nuestro propósito es mayor: terminar con el patriarcado en la sociedad y el Estado.

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