Columnistas

Desde el balcón del autoritarismo

La democracia ecuatoriana ha quedado seriamente herida después de este fallo judicial

La Razón / Carlos Rosales

03:25 / 21 de febrero de 2012

En un país donde el Poder Judicial se sume de rodillas ante el régimen de turno, la ratificación de la sentencia de parte de la Corte Nacional de Justicia ecuatoriana por $us 40 millones en contra del diario   El Universo y tres años de cárcel para sus directivos Carlos, César y Nicolás Pérez y el exeditorialista Emilio Palacio, representan un duro golpe contra la libertad de expresión en Ecuador y América Latina.

Esto pone en riesgo que el tabloide siga circulando por todos los rincones de Ecuador. No puede ser llamado democrático un presidente que persigue a quienes lo critican desde el lugar legítimo que ofrece el derecho de opinión. Ante este claro abuso de poder, la única reacción del gremio periodístico debe ser la de un absoluto rechazo e indignación por este atropello incomprensible.

Es inadmisible que un presidente imponga a su país los arrebatos de su prepotencia, creyendo que con eso puede ponerle una venda a la conciencia de sus ciudadanos. La libertad de expresión permite delinear las aristas que nos acercan a la realidad, nos ayuda a profundizar las raíces de nuestra condición humana. La comunidad periodística se ha puesto de pie y librará una incansable lucha por hacer respetar la libertad de expresión hasta las últimas consecuencias, haciendo eco de sus reclamos en instancias internacionales.

La democracia ecuatoriana ha quedado seriamente herida después de este fallo judicial, porque significará un modo de censura para los periodistas que quieran investigar y denunciar irregularidades en el actual gobierno de Rafael Correa. El futuro de la libertad de expresión en Ecuador no puede quedar reducido al disgusto que le pueda causar a su Presidente la lectura de un artículo de opinión o, lo que es peor, el contenido de un libro que reveló supuestas irregularidades en los negocios de su hermano. Libro cuyos autores, los periodistas Christian Zurita y Juan Carlos Calderón, también fueron sentenciados a pagar dos millones de dólares por supuesta difamación.

A través de esta deleznable sentencia,  el presidente Correa sienta un oscuro precedente e intenta hundir en el silencio a todas aquellas voces que se atrevan a criticar su gestión. Con ello comete un grave error, pues reduce el Estado de derecho a su mínima expresión, vulnera el respeto a los derechos humanos, socava la institucionalidad democrática y deja la puerta abierta para que la corrupción prolifere en el sector público; tal como ocurre en otros países de este continente cuyo desarrollo siempre se ha visto mermado por causa de este flagelo y ciertos autoritarismos retrógrados que amenazan a la prensa libre e independiente. No son casualidades los casos recientes en los que algunos gobiernos latinoamericanos intentan callar a sus críticos con penas exorbitantes, las que expresan una represalia directa y un método de inhibición contra aquellas voces opositoras. 

Antes que ciudadano, Correa es un presidente que está obligado a respetar de manera irrestricta la libertad de expresión, aunque para eso tenga que escuchar posiciones antagónicas. No puede usar el Estado como instrumento para perseguir, enjuiciar y censurar a la prensa. Instalado en el balcón del autoritarismo, con esta actitud despótica Rafael Correa mira con desdén  a esa prensa que tuvo la valentía de denunciar los errores de su gobierno.

Vulnerar con alevosía el derecho a la libertad de prensa es un acto a todas luces reprobable que debe ser corregido con absoluta firmeza. La democracia debe defenderse con esa misma libertad de expresión que ahora intenta difuminarse en Ecuador.

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