Columnistas

El camino al mar

La Razón (Edición Impresa) / Reymi Ferreira

01:40 / 19 de septiembre de 2018

El anuncio de que el fallo sobre la demanda interpuesta por Bolivia contra Chile en la Corte Internacional de Justicia, acerca de la obligatoriedad de negociar una salida soberana al océano Pacífico en favor del país, será pronunciado el 1 de octubre ha levantado expectativas en Bolivia y reacciones a nivel gubernamental en el vecino país. Lo manifestado a la prensa días atrás por el canciller chileno, Roberto Ampuero, en sentido de que no “avizora un ambiente post La Haya” para las relaciones bilaterales tiene varios significados. Por una parte, es la ratificación del Gobierno chileno de no reconocer el derecho internacional ni un fallo del máximo tribunal de justicia de derecho internacional público que tiene el planeta, hecho que no sorprende a nadie.

También se puede interpretar como una reacción a un fallo que al parecer no será favorable a las posiciones chilenas; cosa que tampoco debería sorprender a nadie, si se toma en cuenta que la argumentación jurídica presentada por Bolivia en sus memorias no es una negación del Tratado de 1904, y por lo tanto no viola ninguna norma del derecho internacional, sino que se apega a los principios de las Naciones Unidas que plantean la solución amigable de las diferencias entre los Estados.

Al declararse competente sobre la demanda boliviana, el 24 de septiembre de 2015, la Corte Internacional de Justicia reconoció indirectamente que hay temas sin resolverse sobre la cuestión motivo del litigio. Además de la abundante prueba citada y anexada en la memoria y en el alegato, existe una realidad innegable, como es la situación injusta que vive Bolivia luego de habérsele arrebatado 120.000 km2 y su acceso soberano al mar. Este hecho es un tema de justicia, factor que en otros casos la Corte de La Haya ha considerado, además de los fundamentos jurídicos.

El Canciller chileno anticipadamente anunció que hará caso omiso al derecho internacional, y ha tratado, provocativamente, de confundir a la ciudadanía chilena y también a la boliviana al afirmar que “veremos si Antofagasta volverá a ser de Bolivia después del 1 de octubre”. Es más, se adelantó al pedir al pueblo boliviano un “juicio contra el presidente Morales por engañar con falsas promesas”. El Canciller chileno sabe perfectamente que Bolivia no espera que la restitución de al menos parte de lo usurpado se dé de un día para otro. Él sabe que Bolivia solo exige que se cumplan las ofertas reiteradas del Gobierno de Chile de negociar una salida soberana al Pacífico en favor del país. Esto implica plazos razonables, que los puede o no sugerir la sentencia; y también implica un proceso de negociación y acercamiento que el Canciller chileno da por descartado, sin la menor consideración a un hipotético fallo internacional al que está vinculado, y que expresa con claridad las posiciones inamistosas, que él atribuye incorrectamente al Gobierno de Bolivia.

El 1 de octubre debemos esperar justicia. Que un tribunal internacional confirme la reivindicación marítima que Bolivia ha denunciado durante más de un siglo, y que ha sido negada por el Gobierno de Chile, aunque contradictoriamente haya ofrecido reiteradamente negociar sobre el reclamo de nuestro país a tener un libre acceso al océano Pacífico, constituiría no solo una victoria jurídica, sino también moral. Con lo cual a los ojos de la historia y de la comunidad internacional quedará claro que existe una injusticia sin resolver. Que la negociación sea lenta, dificultosa, es otra página de esta historia que empezamos a recorrer desde 2013, cuando Bolivia tomó el camino del derecho y la dignidad, asumiendo el rumbo que corresponde.

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