Columnistas

El contencioso administrativo

El proceso contencioso-administrativo busca resguardar al individuo frente a los actos de la Administración

La Razón (Edición Impresa) / Walker San Miguel Rodríguez

00:01 / 09 de enero de 2015

El pasado 29 de diciembre se promulgó la Ley 620, denominada Ley Transitoria para la Tramitación de Procesos Contenciosos y Contencioso-Administrativos. Por primera vez en la legislación nacional se crea una sala especializada en el seno del Tribunal Supremo de Justicia que conocerá y resolverá ese tipo de causas.

El contencioso-administrativo es un proceso judicial por el cual un órgano jurisdiccional conoce y decide, en un cauce bilateral, contradictorio e igualitario, sobre las pretensiones dirigidas a cuestionar la eficacia jurídica de las declaraciones de voluntad de la administración pública (actos y resoluciones administrativas). El fundamento de un proceso de esta naturaleza no es otro que el de asegurar el sometimiento de la Administración a un régimen jurídico en el que el particular o administrado posee las garantías de que acudirá al órgano judicial llamado por ley cuando crea tener derechos de impugnación de actos de la administración.

En Bolivia el órgano que resolvía esta clase de procesos era únicamente la ex Corte Suprema de Justicia en su Sala Plena. La lentitud en el despacho de causas provocó un retraso de hasta seis años en la emisión de sentencias, problema que heredó el Tribunal Supremo de Justicia creado por la Constitución Política del Estado de febrero de 2009.

Con la Ley 620 ya no será la Sala Plena del Tribunal Supremo, sino una sala especializada en materia contencioso-administrativa la que tendrá a su cargo el conocimiento y resolución de ese tipo de causas. Pero la ley prevé además la creación de salas especializadas en los tribunales departamentales de justicia para que conozcan demandas resultantes de contratos, negociaciones o concesiones de los gobiernos autónomos departamentales, de los gobiernos municipales y de las universidades públicas.

Forma parte de la esfera de los derechos ciudadanos el que un particular sea escuchado, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial. Es así que el proceso contencioso-administrativo se encuentra orientado a resguardar al individuo frente a los actos de la Administración. Bolivia no cuenta aún con una ley especializada que regule el conjunto del instituto procesal y es el Código de Procedimiento Civil (una norma ajena al derecho procesal administrativo) que contiene algunos artículos que regulan su procedimiento.

Es de esperar que con la reciente ley se agilice el despacho de causas en el Tribunal Supremo de Justicia, ya que se producirá un efecto de descongestión al haberse otorgado a los tribunales departamentales competencia en el conocimiento de asuntos contencioso-administrativos y al crearse las salas especializadas. Sin embargo, la ley crea un recurso de casación que será resuelto por las salas plenas (tanto del Tribunal Supremo como de los departamentales) y que podría convertirse en otro cuello de botella que impida la resolución de causas y el fenómeno de la retardación de justicia no desaparezca.

La Ley 620 constituye un avance en la consecución de un objetivo largamente esperado por quienes cultivamos el derecho administrativo: erigir una jurisdicción especializada en materia administrativa que fortalezca esa rama del derecho tan importante para una adecuada relación entre la administración pública y los administrados. 

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