Columnistas

La discapacidad: un asunto privado

El Estado lo toma como una problemática marginal a sus políticas y servicios.

La Razón (Edición Impresa) / Litzy Arreaño Flores

04:17 / 04 de marzo de 2017

Un alta en la sala de maternidad por lo general es el inicio de muchas noches sin dormir entre miedos injustificados y llantos nocturnos que tarde o temprano se tranquilizan con las recomendaciones y consejos de suegros, familiares, amigos y especialistas. El que fue padre o madre lo sabe… y hasta nos produce ilusión recordarlo.

Sin embargo, el panorama puede ser muy distinto para una familia que recibió con el nuevo ser el diagnóstico de una discapacidad. De pronto la incertidumbre y el temor se encuentran con silencios incómodos y penosas explicaciones clínicas que dejan muchas veces más preguntas que respuestas. En ese momento, todo se vuelve una realidad extraña, personal y privada en la que la peregrinación por soluciones está mezclada con muchas emociones inexplicables que ni el sistema educativo ni de salud resuelve.

Pero, ¿por qué esto tendría que ser un problema social? Muchas personas se lo preguntan. En principio por una simple cuestión de derechos humanos y porque la discapacidad es inherente a estar vivo por diferentes factores, incluida la vejez.

Tal vez pocos sepan del Informe Mundial sobre la discapacidad prologado con tanto gusto por el astrofísico Stephen Hawking que vive en una silla de ruedas rodeado de asistentes personales porque sufre una neuropatía motora. Enfatiza que la discapacidad no debería ser un obstáculo para el éxito pero también reconoce la suerte que tuvo en relación a la gran mayoría que cotidianamente sobrevive a la exclusión y la marginalidad en la prestación de todos los servicios, pese a que probablemente sea la población que requiera mayor inversión económica y de esfuerzos a nivel público para minimizar el costo social y económico que genera su invisibilización.

No es gratuito que este tema haya sido de preocupación de las Naciones Unidas y de muchos gobiernos en el mundo. Descubrieron que resulta una carga social y económica mayor ser indiferente a las necesidades de las personas con discapacidad porque al no procurar servicios de habilitación y rehabilitación disminuyen la capacidad productiva de esta población y su sostenimiento empobrece la economía privada de sus familias que en muchos casos sacrifican a uno o más de sus miembros en la atención de la persona. En otras palabras, porque los circuitos de violencia y pobreza que se generan en torno a la discapacidad baja la productividad de la población en general.

En Bolivia, un millón y medio (15%) de personas de manera directa y muchas más si contamos a sus familias, según la OMS, están afectadas por una discapacidad. Y a pesar de que más del 80% de las discapacidades se generan a lo largo de sus vidas y se podrían prevenir: desnutrición, accidentes en casa, de tránsito y en el trabajo, negligencias médicas, secuelas de enfermedades, adicciones, enfermedades de transmisión sexual, el estilo de vida urbano sobre todo y pobreza; aún el Estado lo toma como una problemática marginal a sus políticas y servicios.

El diseñar modelos de atención integral abre la posibilidad de crear nuevas fuentes de trabajo en servicios de salud y educación, además de mejorar la capacidad productiva de las personas con discapacidad.

El ser solidarios con las personas con discapacidad es al mismo tiempo ser solidarios con nosotros mismos y nuestro bienestar colectivo. El desarrollo humano no es un gasto, es una inversión.

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