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El drama de Grecia

Ambas opciones acarrean costos sociales enormes y requieren financiamiento externo.

La Razón (Edición Impresa) / Horst Grebe

00:00 / 05 de julio de 2015

La convocatoria por parte del primer ministro heleno, Alexis Tsipras, a un referéndum sobre la aceptación o no del paquete de reformas que exigen a Grecia las instituciones financieras europeas y el Fondo Monetario Internacional, constituye una decisión política de alto riesgo, puesto que si la votación favorece el “Sí”, su partido podría verse obligado a convocar a nuevas elecciones, en vista de que significaría el retiro del respaldo popular a su gestión de la crisis heredada de anteriores gobiernos.

Para colocar el análisis de la situación en sus justos términos, conviene recordar que Syriza accedió al gobierno a fines de enero con una votación inferior al 40%, lo que le obligó a conformar una alianza con un partido colocado exactamente en el otro extremo del espectro político. La votación alcanzada por el partido de Tsipras debe atribuirse en gran medida al fracaso sucesivo de los anteriores gobiernos para resolver la crisis financiera; a la enorme corrupción de la clase política; a la existencia de una oligarquía enormemente rica, que goza de increíbles privilegios tributarios; y de otro tipo. Pero, por encima de todo eso, el pueblo griego se manifestó en contra de la política de austeridad aplicada desde 2010, que trajo consigo una caída del 25% del PIB, un desempleo de los estratos jóvenes superior al 50% y, en general, una crisis social de grandes dimensiones.

Ahora se reconoce que los recortes fiscales para cumplir con las exigencias de los anteriores paquetes de rescate no dieron los resultados de crecimiento esperados, sino que, por el contrario, ocasionaron una recesión aún mayor. Se sabe además que dichos préstamos sirvieron en realidad para pagar a los bancos acreedores, de manera que muy poco de ese dinero sirvió para impulsar el crecimiento, generar empleo y elevar las recaudaciones para alcanzar el superávit fiscal primario exigido.

La cuestión central del debate gira en torno a la permanencia de Grecia dentro del sistema del euro, lo que implica que carece de una política monetaria propia, y que por lo tanto no puede devaluar su moneda para cambiar el esquema de precios relativos. La salida de la zona del euro, en cambio, le permitiría adoptar medidas monetarias que corrijan las enormes asimetrías de productividad existentes respecto de las principales economías de la Unión Europea, en particular Alemania.

La permanencia de Grecia dentro del euro traería consigo una recesión de larga duración. Una salida temporal, pactada con las autoridades políticas y financieras de la Unión Europea, podría facilitar en cambio la recuperación económica a mediano plazo, a partir de que el país dispondría de herramientas de política de las cuales hoy carece. Ambas opciones acarrean costos sociales enormes y requieren financiamiento externo. Lo que cambia son los grados de holgura para la toma de decisiones soberanas.

Se ha planteado también que una opción de devolver viabilidad a las finanzas de Grecia consiste en una quita de un monto significativo de la deuda, acompañada de un periodo de gracia de 20 años para el saldo remanente, reprogramado a un plazo de 40 años. Algo por el estilo es lo que contiene un informe reciente del Fondo Monetario, en el entendido de que Grecia no abandonaría el euro.

Ocurre, sin embargo, que dicho recorte podría traer efectos en cascada sobre otras economías de la zona del euro. En primer lugar, porque se recortaría el pago de créditos otorgados por países como Portugal, España e Italia, que tienen a su vez problemas fiscales y financieros. Además, se sostiene que una quita de deuda a Grecia podría desestabilizar toda la arquitectura normativa y la disciplina de la zona del euro. Los resultados del referéndum son inciertos, pero su convocatoria constituye un expediente legítimo en democracia.

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