Columnistas

La dramática insurgencia...

El Estado no tiene mecanismos para escuchar y dialogar que no sean arrancados  a punta de violencia

La Razón (Edición Impresa) / Verónica Córdova

00:01 / 08 de mayo de 2016

El catálogo boliviano de la protesta tiene capítulos estremecedores. Hemos sido, siempre, genios a la hora de inventar dramáticas maneras de hacer escuchar nuestras demandas. La imagen de una persona colgada de un puente en su silla de ruedas recuerda de manera terrible a aquella de una funcionaria a la que amarraron dinamitas al cuerpo durante la toma de una institución de supervisión bancaria. Y recuerda también a la de un exminero que se hizo explotar en la antesala del Palacio Legislativo. Recuerda a los que quemaron una alcaldía con su personal encerrado adentro, provocando seis muertos y decenas de heridos. Recuerda a los que se crucificaron, los que se cosieron los labios, los que se tapiaron detrás de muros, a los tantos que se volaron las manos o se mataron unos a otros reivindicando derechos a punta de explosivos.

Sin llegar al drama, hay también otras formas igual de egoístas de hacer prevalecer las demandas de uno mismo frente a la convivencia de todos; por ejemplo, bloquear las carreteras por días o semanas, secuestrar a personas en reuniones o en oficinas, chicotear a quienes no se suman a tu medida, insultar y agredir al que no te apoya, convertir la necesidad en circo y usar la demanda de otros para tu propia ganancia.

Resulta ilustrativo escuchar a quienes aplican estas formas de protesta justificar sus medidas: es la única manera de que nos escuchen y tomen en cuenta; pedimos disculpas a la población, pero no hay otra; será responsabilidad del Gobierno si corre la sangre y hay muertos; llevaremos nuestras medidas hasta las últimas consecuencias; vamos a colgar a nuestros hijos si no nos escuchan. Cada una de estas palabras resume intransigencia. Todas se pronuncian como consecuencia de una larga historia de protestas violentas que terminaron doblegando al otro, rindiéndolo ante la imposibilidad de hallar puntos de consenso. En conjunto, reflejan una disfuncionalidad básica: las instituciones del Estado no tienen mecanismos para escuchar y dialogar que no sean arrancados a punta de violencia. Los ciudadanos no acuden en primera instancia a la solicitud ni a la reunión, sino que se lanzan directo a la protesta, se ahorran así meses de citas canceladas y cartas sin respuesta.

Y cuando las papas queman y las carreteras se pueblan de marchistas y las ciudades se convulsionan, ya es tarde para cualquier solución racionada. Impera la ley del más fuerte: la Policía se atrinchera, los movilizados se victimizan, los transeúntes se polarizan, los medios se amarillizan y los oportunistas pescan en aguas revueltas. La pulseta va a durar lo que duren las fuerzas. Nadie va a salir ganando. ¿Quién recuerda la razón por la que un grupo de personas asaltó una institución y amarró dinamitas al cuerpo de las funcionarias? ¿Quién recuerda por qué un hombre desesperado entró con dinamitas al Palacio de Gobierno? ¿Quién, fuera de sus padres o hijos, recuerda los nombres o rostros de los que se volaron las manos, se rompieron los tímpanos o se inmolaron manipulando cartuchos de dinamita?

Más allá de la justicia de la demanda, la violencia física o simbólica que la acompaña termina invalidando la protesta. ¿Cómo justificar mi derecho si al hacerlo niego o postergo el derecho del otro? ¿Cómo aspirar a un trato digno por parte de la sociedad y del Estado si para lograrlo me someto a mí mismo a la indignidad? ¿Cómo sostener que mi demanda es justa y correcta si para hacerlo tengo que hacer estallar por las calles cartuchos de dinamita?

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