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Y sin embargo... se vende

Hay una sensación extendida de esperanza después del levantamiento del banderín inmobiliario

La Razón / Yoani Sánchez

00:31 / 08 de diciembre de 2012

María del Carmen escribió sobre una cartulina la breve frase "se vende" y la colgó en el descascarado balcón de su casa habanera. Hace unas semanas, los vecinos la hubieran tildado de loca y la Policía le habría hecho una visita ante tanto atrevimiento. Sin embargo, el nuevo Decreto 288 sobre la compraventa de casas ha convertido su gesto en algo común, en un detalle frecuente en nuestro paisaje urbano.

Durante décadas, varias generaciones de cubanos aguardaron por una ley que permitiera la transmisión de la propiedad de sus inmuebles, pero se adaptaron o delinquieron mientras esperaban. Ante la ausencia de un mercado inmobiliario fueron obligados a compartir el espacio con numerosos parientes, a dividir la casa paterna o a emigrar para rentar una habitación en cualquier otro lugar del planeta. El déficit habitacional hizo estallar matrimonios, azuzó conflictos familiares, aumentó las cifras de abortos e hizo de un techo el sueño número uno de millones de cubanos, sólo opacado por una visa de residencia en otro país. Los más osados, que no querían conformarse, enmascaraban bajo una permuta el canje de un domicilio por una alta suma de dinero y pasaban la vida en vilo temiendo ser descubiertos. Pero después de tanta espera e ilegalidades, a principios de noviembre la Gaceta Oficial publicó las nuevas normas para adquirir una vivienda. En las 16 páginas de la recién nacida legalidad está recogida la más osada de las reformas de Raúl Castro.

A pesar de la tardanza con que nos llega el derecho a disponer de nuestros inmuebles, hay una sensación extendida de esperanza después del levantamiento del banderín inmobiliario. Y no sólo para los que desean un domicilio más grande o traspasar el suyo, sino también para esos miles de ciudadanos que realizaron operaciones en la clandestinidad y aprovecharán ahora para legalizarlas.

También hay un buen número que ansiaba una flexibilización así en aras de comercializar su propiedad e irse del país. La medida podría provocar un aumento del éxodo dentro de las filas de la emergente clase media, una estampida de los que poseen algún techo, pero ubicado en esta tierra que ya no quieren habitar. Los altos precios de los trámites migratorios podrían empezarse a costear con el efectivo proveniente de estas transacciones, una vez abolida la forzada expropiación a que eran sometidos quienes se iban definitivamente.

Todavía quedan algunos absurdos legales que sortear y la creatividad de los cubanos se pondrá a prueba con ellos. Aunque en ninguno de sus incisos el decreto autoriza la transmisión de la propiedad a personas que radican permanentemente fuera del territorio nacional, no habrá ya ley que lo pueda impedir. Habrá exiliados que utilizando como fachada a un hijo, una madre o un pariente que vive en esta orilla, comprarán a través de estos una vivienda para disfrutarla cuando “todo cambie”. Para muchos es el momento de comprar barato, de tomar posiciones. Esto también actuará como un detonante para el reordenamiento habitacional, donde aquellos que tengan familiares con un capital amasado fuera de la isla contarán con mejores oportunidades en la bolsa inmobiliaria. Quienes una vez se marcharon acosados por los gritos de “gusanos” y “vendepatrias”, podrían estar a punto de conseguir esas mismas casas desde las cuales una vez los insultaron, les tiraron huevos y los denigraron. Todas esas paradojas las veremos crecer y multiplicarse.

La época de la forzada igualdad parece estar llegando a su fin ante la insostenibilidad del sistema actual. Se espera que ocurra también una redistribución de las ciudades con la cual aflorarán los enormes contrastes entre los que tienen el bolsillo semivacío y aquellos que han amasado un capital. En estos últimos se encuentran, claro está, los gerentes de corporaciones mixtas, los funcionarios confiables y los altos cargos militares que están apalancándose financieramente ante el inevitable cambio que viene.

El Decreto 288 intenta precisamente darle un marco legal a la piñata en la que nuestros actuales gobernantes intentan repartirse las mejores propiedades antes de que llegue la transición. Justamente en el artículo 110 de las nuevas normas para la compra y venta de viviendas queda delatada esa intención. Según ese punto “el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros o su Presidente podrán decidir, en lo que respecta a las viviendas ubicadas en determinadas zonas del país”. En aras de evitar que los nuevos ricos, los trabajadores por cuenta propia o los familiares de exiliados prósperos se cuelen en esos enclaves para gente de la nomenclatura, la Gaceta Oficial deja claro que quizás para habitarlas se “requiera de una autorización complementaria”. A buen entendedor, con pocos guiños legales basta.

Por otro lado, el ojo avizor del Gobierno estará atento a cada transacción. Un impuesto del 4% sobre la compraventa le garantiza una tajada financiera en el suculento pastel inmobiliario que recién empieza a hornearse. El dinero destinado a tales operaciones debe colocarse primero en una cuenta bancaria para que las autoridades decidan si tiene un origen lícito. Probar que cada centavo ha sido “limpiamente” adquirido es tarea difícil para los ciudadanos de un país donde las infracciones legales cotidianas son meros trucos de supervivencia. Las autoridades aplicarán una mano más dura o más blanda en la “santificación” del dinero del comprador, en dependencia —claro está— de su proyección ideológica. Se priorizará así el capital de los confiables por sobre el de los incómodos. Pero ni siquiera así evitarán que el empuje del mercado convierta a la Isla en una especie de tablero de dominó, con esas fichas autónomas y revueltas a la que tanto le temen.

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