Columnistas

Más enclaustrados que nunca II

El derecho de libre tránsito está siendo vulnerado de diversas formas por el Gobierno chileno

La Razón / Andrés Guzmán es economista y diplomático. / La Paz

01:59 / 19 de diciembre de 2011

Hoy nos encontramos más enclaustrados que nunca porque las facilidades que deberían servir para atenuar nuestro encierro geográfico, según lo estipulado en el Tratado de 1904 y sus acuerdos complementarios, no están cumpliendo esa función. En efecto, el ferrocarril Arica-La Paz no funciona y el derecho de libre tránsito está siendo vulnerado de diversas formas por el gobierno chileno y las empresas privadas que administran los puertos de Arica y Antofagasta.

El libre tránsito otorgado a Bolivia por territorio y puertos chilenos ha sido interrumpido por Chile en varias oportunidades. En 1933, obstruyó el paso del material bélico que el ejército boliviano había adquirido para enfrentar la Guerra del Chaco. En 1952 detuvo una carga de insumos destinados a las minas recién nacionalizadas en Bolivia. En 1978 dispuso la colocación de minas antipersonales en la frontera que hasta el momento no han sido removidas totalmente y en 2010 permitió el enmallado de un tramo en el límite fronterizo cercano a Pisiga.

Por otra parte, desde que Chile entregó en concesión los puertos de Antofagasta y Arica a empresas privadas, en 2003 y 2004, respectivamente, los servicios de ambos puertos han sido interrumpidos en varias oportunidades y con mayor frecuencia que antes por las constantes huelgas de estibadores que exigen una mejor administración, lo que representa una transgresión a la Convención sobre Tránsito de 1937, en la que Chile se obligó a garantizar el libre tránsito de Bolivia “en todo tiempo y sin excepción” (art.1).  

Otra consecuencia de esas concesiones, que nunca fueron reconocidas por Bolivia, es el constante y exagerado incremento de las tarifas que cobran las empresas concesionarias por sus servicios; y es que las inversiones realizadas por dichas empresas en ambos puertos están siendo financiadas exclusivamente por los usuarios. Al respecto, cabe mencionar que la administradora del puerto de Arica (EPA) anunció su intención de aumentar nuevamente las tarifas y cambiar la modalidad de cobro, que habían sido acordadas con la Administración de Servicios Portuarios-Bolivia en 2009.

Además, las concesionarias han estado cobrando por el almacenaje de las mercancías en tránsito a Bolivia que permanecen en aduanas chilenas menos de un año, lo cual es una flagrante violación a las convenciones de 1912 y 1937, que establecen claramente la gratuidad en esos casos (art.12 y art.4, respectivamente).

A estos perjuicios, se suma el cobro que desde hace unos meses aplican las autoridades antinarcóticos de Chile por concepto de “aforos físicos” a las mercancías que provienen de Bolivia. Cuando en realidad los comerciantes bolivianos no tienen por qué pagar el costo de los controles que Chile realiza en su territorio, y menos aún cuando esa medida contradice la Convención de 1937, que al respecto señala: “La exportación de productos bolivianos por puertos chilenos se hará sin más formalidad que la confrontación en el muelle por la Agencia Aduanera respectiva de las marcas números y cantidad de bultos…” (art.5).

Por lo dicho, es importante que nuestras autoridades exijan a Chile que cumpla sus compromisos y garantice la ejecución de las facilidades que otorgó a Bolivia precisamente para aliviar el perjuicio que significa no tener acceso al mar.

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