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La esclavitud está para quedarse

Es ilógico que una ‘autoridad’, para ser tal, deba ser coactiva, con base en el monopolio de la violencia

La Razón (Edición Impresa) / Alejandro A. Tagliavini

00:13 / 31 de diciembre de 2015

Según la Fundación Walk Free, 35,8 millones de personas están sometidas a trabajo forzado en este planeta. “La esclavitud moderna contribuye a la producción de por lo menos 122 bienes de 58 países”, afirma el Índice Global de Esclavitud 2014. El 61% de las personas esclavizadas mundialmente están en India, China, Pakistán, Uzbekistán y Rusia; aunque los porcentajes más altos se dan en Mauritania, Uzbekistán, Haití, Qatar y la India, siendo que Irlanda e Islandia tienen los porcentajes más bajos entre los 167 países evaluados, estimándose que “solo” tienen 300 y 100 personas en esclavitud moderna.

En Latinoamérica hay 1,2 millones de personas sometidas a trabajo forzado. Más de la mitad está en México, Haití y Brasil; aunque Haití, Surinam y Guyana son los que presentan los mayores porcentajes de esclavos. En México hay 266.900 personas esclavizadas, 77.300 en Argentina y 60.900 en Venezuela. Se incluye la trata de personas, la explotación, la prostitución y esclavitud sexual, la utilización de niños para trabajos forzosos, el uso de esclavos en granjas o plantaciones agrícolas, la servidumbre por deudas y la venta de esposas.

Según Walk Free, la esclavitud moderna se da “cuando una persona posee el control de otra a la que priva de su libertad individual con la intención de sacar un beneficio”. ¿Habrá algún político por aquí? A ver. Aún si una persona no quiere pagar impuestos porque no utiliza ninguno de los servicios del Estado, será forzado a hacerlo por el Gobierno, por vía judicial y policial. Aunque en el día a día —hoy— es difícil pensar que nadie utilizará los servicios estatales, queda flotando la incoherencia de que las personas sean forzadas a trabajar para pagar sin su previo consentimiento.

Para disimular esto, la corporación política creó una fábula según la cual existe un pacto preexistente que los ciudadanos suscriben en función de la gobernabilidad social; lo que no es cierto, además, es ilógica la idea de que una “autoridad” deba ser coactiva (con base en el monopolio de la violencia) para ser tal. Hasta para la defensa propia, los métodos pacíficos son los más eficientes. La imposición coactiva que define al Estado moderno resulta muy anacrónica. Por el contrario, esta violencia es altamente destructiva y crea la marginalidad al empobrecer a la sociedad con “leyes” contra natura, como la prohibición a trabajar “en blanco” que impone la “ley del salario mínimo” a los que ganarían menos.

La fábula de los pactos “habilita”, por ejemplo, a los gobiernos a “prohibir” la droga —cuando en las rutas mueren diez veces más personas y no se prohíbe el tránsito— lo que, en rigor, significa que solo pueden operar los que sobornan a los funcionarios, creándose los delincuentes narco, quienes además trafican niños a los que hasta “reclutan”. Por caso, en San Pedro Sula, Honduras (la ciudad más peligrosa del globo), luego de asesinar a un padre, las maras narcos se “hacen cargo” de los hijos y le “dan” a la viuda —en rigor la obligan— el dinero para la alimentación y educación de los niños, hasta que tengan edad para incorporarse a los narco pandilleros.

En definitiva, en la medida en que se admitan “instituciones”, “gobiernos” o personas con derecho a imponerse coactivamente sobre otras, en función de supuestos “pactos preexistentes de gobernabilidad”, será imposible erradicar la esclavitud, precisamente porque allí se origina. 

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