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La excepción ¿es la cuestión de fondo?

Al plantear Chile la excepción preliminar en el caso con Bolivia está apurando las decisiones de la CIJ

La Razón (Edición Impresa) / Walker San Miguel Rodríguez

01:14 / 11 de julio de 2014

El Gobierno de Chile ha anunciado, por voz de la mandataria Michelle Bachelet, que impugnará la competencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) a través de una excepción preliminar. En términos menos técnicos significa que Chile rechaza al Tribunal de La Haya como entidad a cargo de dilucidar la demanda boliviana y asume que con carácter previo a la consideración del fondo de la cuestión la propia CIJ debe declararse incompetente.

Lo relevante del caso es que en este tipo de litigios internacionales la excepción es el fondo mismo de la controversia. Veamos por qué. Ante la solicitud boliviana para que la CIJ declare que Chile tiene la obligación de negociar de buena fe con Bolivia para permitirle un acceso al mar con soberanía, el país vecino demandado había hecho conocer, por medio de sus más altas autoridades, que nada tiene que negociar con Bolivia, porque supuestamente el Tratado de 1904 ya resolvió todos los temas pendientes. Y fueron también voceros muy autorizados, como el propio canciller Muñoz, quienes anticiparon que Chile plantearía en su defensa la incompetencia de la CIJ en el controvertido con Bolivia; aunque matizaron que la Presidenta iba a ser quien anuncie si dicho planteamiento se formularía como excepción previa o como parte de la argumentación de fondo. Ahora que Bachelet ya tomó la decisión de formular la excepción preliminar (cuyo plazo para interponerla vence el 15 de julio) será el propio Tribunal el que adopte la decisión previo trámite especial, que implicará nuevos plazos. Los 15 jueces de la CIJ deberán decidir sobre su propia competencia y al razonarla ingresarán a cuestiones que son de fondo.

La competencia de la CIJ emana de la voluntad de las partes. Los Estados suscribientes del Pacto de Bogotá (1948) decidieron que las controversias surgidas entre ellos se someterían a mecanismos pacíficos de resolución. La demanda ante el Tribunal de La Haya es precisamente uno de tales mecanismos. Pero Chile parece orientarse a cuestionar la competencia, asumiendo que el Pacto del 48 excluía asuntos resueltos con anterioridad a él. Sin embargo, la cuestión marítima boliviana ha estado tan presente en la relación bilateral y en el contexto multilateral que fue el propio Chile el que propuso en 1950 y en 1975 resolver definitivamente la condición de mediterraneidad boliviana. Y la propia OEA, nacida también en 1948, reconoció el carácter hemisférico de la controversia boliviano-chilena y exhortó en su asamblea general de 1979 a que las partes lograran un acuerdo que le permita a Bolivia un acceso soberano al Pacífico.

Es pertinente también puntualizar aspectos relevantes del litigio entre Perú y Chile, cuya sentencia se conoció en enero de este año. En esa causa el quid de la cuestión se retrotraía a 1929, año cuando fue suscrito el Tratado de Lima y cuando en teoría se habían resuelto todas las controversias. Ahora sabemos, por el fallo de la Corte, que dicho tratado no incorporaba la delimitación marítima, y a pesar de tratarse de un instrumento anterior al Pacto de Bogotá, fue sometido a la competencia de la CIJ y mereció su consideración y su respectivo fallo. En el litigio contra Perú, el demandado Chile no objetó la competencia de la CIJ a través de una excepción preliminar, aunque sí lo hizo en la Contramemoria. Como sabemos, el Tribunal Internacional asumió la competencia y emitió una sentencia trazando un nuevo límite marítimo entre ambos Estados.

Al plantear Chile la excepción preliminar en el caso con Bolivia está apurando las decisiones, obligando a La Haya a considerar un tema que está presente en el fondo de la cuestión. Inevitablemente, la CIJ ingresará a consideraciones de fondo en su fallo sobre la excepción preliminar.

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