Columnistas

La hora del pacto fiscal

Habrá que redefinir las fuentes y usos de los recursos fiscales en los diferentes niveles de gobierno.

La Razón (Edición Impresa) / Horst Grebe López

00:00 / 09 de noviembre de 2014

Una larga lista de irregularidades ha acompañado el reciente proceso electoral, que ha empañado un resultado pronosticado en sus aspectos primordiales por la mayor parte de los comentaristas y encuestadores. La crítica principal está concentrada en la actuación del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Esta institución no ha estado a la altura del desafío de administrar unas elecciones transparentes, ceñidas a las normas y a la equidad, en condiciones de gran desigualdad entre el partido oficialista y los partidos de la oposición.

La permisividad ejercitada frente a las trasgresiones de la campaña oficialista no guarda ninguna proporción con el tratamiento otorgado a las fuerzas opositoras. En particular parece exagerado haber llevado el proceso al límite de que en la Asamblea Legislativa solo estén representadas tres organizaciones políticas, una de las cuales cuenta con dos tercios de representación. Dicha composición legislativa no da cuenta a cabalidad de las diferentes posiciones políticas, programáticas e ideológicas existentes en la sociedad boliviana. Y no viene mucho al caso discutir si la oposición es culpable de no haber alcanzado una mejor representación debido a que no se presentó en una sola fórmula electoral.

Lo cierto es que, aún en caso de que se admitiera a la postre un escaño para la representación del Movimiento Sin Miedo (MSM) y otro para el Partido Verde (PVB) en la Cámara de Diputados, el sistema partidario y las condiciones de la gobernanza no variarían significativamente.

La bancada oficialista no es por cierto homogénea ni tampoco está inspirada en una sola visión política. Se trata en cambio de una agregación de diferentes grupos corporativos y personalidades sueltas, que buscarán obtener beneficios para los sectores que los han delegado. Se puede admitir, por consiguiente, que existirá un cierto pluralismo en la Asamblea Legislativa, pero no se trata del pluralismo democrático en torno de visiones ideológicas diferenciadas, que pueden lograr coincidencias sobre ciertos temas nacionales mediante la dinámica de la deliberación parlamentaria, que se traduce a su turno en sendas leyes de la República. En vez de eso, el Órgano Legislativo estará conformado por un archipiélago de intereses particulares, que la directiva oficialista tendrá que alinear para alcanzar sus objetivos legislativos estratégicos, a cambio de favores y prebendas a las diversas representaciones corporativas. Esto traerá aparejados probablemente altos costos políticos y económicos, agravados en la medida en que a estas alturas nadie duda ya que habrá una reducción significativa de los recursos fiscales por el cambio en las condiciones económicas internacionales.

Las elecciones de marzo no cambiarán sustancialmente la configuración del sistema político. Las agendas departamentales y municipales son tan diversas, particulares y específicas, que no podrán alinearse dentro de un cuadro estratégico de negociaciones ordenadas racionalmente, sobre todo en vista de los inevitables recortes de expectativas que traerá consigo la contracción de la holgura fiscal que administró el Gobierno central en los años pasados.

Cabría promover, no obstante, que precisamente por todo lo anterior, el pacto fiscal se convierta en uno de los ejes temáticos ordenadores. La deliberación y negociación de un pacto fiscal que vaya más allá del reparto de los recursos de coparticipación tributaria y de gravamen a los hidrocarburos es una propuesta pertinente, precisamente porque habrá que redefinir las fuentes y usos de todos los recursos fiscales en los diferentes niveles de la administración del Estado. Por la relevancia de la materia, las deliberaciones institucionalizadas deberían ser complementadas con la participación de organizaciones de la sociedad civil que desde tiempo atrás han realizado estudios y propuestas sobre el tema.

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