Columnistas

La hora de la política industrial

La política industrial debe convertirse en la columna vertebral de todas las estrategias económicas

La Razón (Edición Impresa) / Horst Grebe López

00:00 / 30 de marzo de 2014

El estilo de tratamiento legislativo de algunas leyes económicas (de Inversiones y Minería, por lo pronto) pone en evidencia que el objetivo real de tales normas no consiste en establecer las políticas imprescindibles para la modernización productiva y tecnológica del país. Lo que se persigue de verdad apenas consiste en satisfacer las demandas e intereses de muy corto plazo de sectores numéricamente relevantes en términos electorales. Y tal caracterización también se aplica a las señales generales que se emiten sobre cuestiones como la seguridad jurídica de las inversiones privadas.

La modernización del parque productivo requiere en cambio de otro tipo de enfoques, inspirados en primer lugar por una visión económica de largo plazo y una voluntad firme de superar las distorsiones estructurales de la economía nacional, agravadas por décadas de relegamiento de las políticas industriales frente a la prelación asignada a criterios fiscalistas y de estabilidad monetaria. Si se quiere cambiar las condiciones de la matriz primario-exportadora, la política industrial debe convertirse en la columna vertebral de todas las estrategias y políticas económicas, empezando por la reorientación de los objetivos y metas de la macroeconomía y de la jerarquía institucional de su administración, en relación con la administración de los incentivos y estímulos de la reconversión productiva.

La industrialización de los recursos naturales puede ser eventualmente un componente de la política industrial, pero ciertamente no constituye la prioridad principal en un esquema integral de transformación tecnológica y generación masiva de empleo decente. La creación de las condiciones necesarias para el control endógeno del cambio tecnológico y el trasiego ordenado de la mano de obra desde ocupaciones de baja productividad a ocupaciones de productividad creciente, son las dos dimensiones principales de una política industrial que merezca ese nombre.

La velocidad del cambio tecnológico en esta época y la estrechez relativa del mercado interno en Bolivia justifican plenamente un alto grado de intervención pública en las orientaciones de la inversión reproductiva, así como en la selección de las ramas industriales privilegiadas con estímulos especiales. Dicho esto habrá que dejar sentado que la empresa pública no es ciertamente el agente central de la modernización industrial y tecnológica, puesto que se trata del tipo de agente menos flexible a los inevitables cambios y riesgos que trae consigo la inserción en los mercados internacionales. En cambio, un sistema de incentivos apropiado y una política de protección selectiva y temporal pueden atraer hacia la inversión reproductiva a un tipo de agentes privados con vocación emprendedora, en el que tienen cabida capitales bolivianos y extranjeros por igual.

Bien vistas las cosas, una función de la inversión extranjera tendría que consistir en la vinculación con los mercados extranjeros y sus requisitos de cantidad, calidad y diseño. Las formas y modalidades de asociación con los empresarios nacionales es algo que habría que dejar librado a la negociación privada entre las partes. Con un enfoque de este tipo se podría satisfacer la inserción en las cadenas internacionales de valor, que es una recomendación que se escucha frecuentemente en las discusiones sobre política industrial.

En un contexto como el descrito, las políticas públicas tendrían que orientarse al establecimiento de parques industriales, centros tecnológicos, ruedas internacionales de negocios y ferias sectoriales, con amplia participación de las gobernaciones y los municipios más grandes del país. Y no está de más mencionar que el sistema educativo y de formación profesional debería orientarse hacia una revalorización de la excelencia y el esfuerzo propio.

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