Columnistas

Estado e informalidad

La informalidad e ilegalidad de la explotación de oro en el país campean con ribetes de escándalo

La Razón (Edición Impresa) / Dionisio J. Garzón M. *

00:30 / 12 de mayo de 2017

En los albores de la humanidad, las actividades inherentes al desarrollo del género humano llevaban un sello de informalidad y aprendizaje. Cuando el hombre se volvió trashumante y empezó a contactarse entre grupos diversos, el intercambio de bienes y saberes permitió el desarrollo de la civilización tal como la conocemos ahora. Todas las actividades primarias extractivas o de otra índole tenían el sello de utilidad personal o de grupo, y éste fue el aliciente que dio origen al comercio entre personas y pueblos.

A través de los siglos el desarrollo cultural permitió la formalización de ciertas actividades para cuidar el bien común y separarlas de aquellas que solo buscaban el beneficio personal y/o de grupo al precio que fuere y con los medios más diversos, sean éstos permisibles o no. Así nacen las categorías y así, a estas alturas de la civilización, calificamos a ciertas actividades de lucro como informales, y en el extremo mismo de la informalidad, de ilegales. De esta manera hemos acuñado términos como minería informal, comercio informal, empleo informal y un largo etcétera. En el extremo ilegal hablamos de robo de minerales (juqueo), contrabando, saqueo, delincuencia, etc.

En el estilo de esta columna, quiero referirme a la minería aurífera informal y/o ilegal que azota al subcontinente en un inmenso territorio de tierras bajas de los Andes centrales, y en las cuencas altas de los ríos Madre de Dios, Beni y Madera, se extiende a la zona montañosa del Ecuador, llega a la zona del río Caquetá y a las nacientes del Amazonas en la selva colombiana, tierra de las FARC y del narcotráfico. La informalidad e ilegalidad en estas tierras campean con ribetes de escándalo; miles de explotaciones clandestinas de oro aluvial con dragas y pequeñas operaciones en terrazas mineralizadas están controladas por cooperativas mineras, grupos de mineros artesanales y garimpeiros; quienes “producen” importantes cantidades de oro que, de una u otra manera, entra al mercado de comercialización del metal y crea una economía paralela cada vez más grande. Para hablar del país y su vecindario se dice que una sola familia de La Paz exportó a Estados Unidos 14 toneladas (t) de oro en cuatro años (Energy Press, 15 de julio de 2015), que hay otras comercializadoras privadas con exportaciones un poco menores, y que el fenómeno explicaría el abrupto salto de las exportaciones de oro de Bolivia que hasta 2011 se encontraban en torno a las seis toneladas, pero en los últimos años se disparó a niveles inéditos, pese a la ausencia de inversiones en nuevas minas en el rubro.

Una investigación recopilada en el libro Minería ilegal e informal en el Perú del economista Víctor Tórrez C. (Ed. Cooper Acción, Acción Solidaria para el Desarrollo, Lima 2015), dice que el tamaño del problema en el Perú es de tal magnitud que en 2011 la producción minera informal registrada por el Ministerio de Energía y Minas de Perú fue de 22,5 t de oro, la ilegal/informal en 2012 llegó a 38,4 t (pp. 31), y curiosamente la investigación concluye que “(...) desde al menos 2012 parte del oro que en el Perú es extraído de manera ilegal e informal fue contrabandeado a Bolivia” (pp. 35).

Así podemos seguir con datos similares en Brasil o Colombia. Lo realmente alarmante es que hay una lucha frontal contra este tipo de actividades en los países mencionados, pero en Bolivia somos permisivos por el alto empleo de mano de obra que usa la informalidad y la cadena de comercialización del oro. Esta actividad ya ronda el 40% del valor de las exportaciones mineras del país. En una economía como la nuestra, sumando las otras informalidades e ilegalidades mencionadas líneas arriba, vamos camino a ser un Estado informal si no corregimos esta tendencia. Debemos hacerlo.

* es ingeniero geólogo, exministro de Minería y Metalurgia.

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