Columnistas

Los inmaculados y la consulta

La consulta previa es un mecanismo de la democracia participativa y directa. La construcción o no de la carretera no se refiere a la explotación de recursos naturales renovables.

La Razón / Claudia Peña

04:20 / 03 de marzo de 2012

Quienes están en contra de consultar a los pueblos indígenas que viven en el TIPNIS respecto de la intangibilidad de su territorio y respecto de la construcción o no de la carretera hacen denodados esfuerzos por demostrar que la consulta es inconsulta, inconstitucional y extemporánea.

Cada día exprimen las teclas para descargar sus angustias en largas acusaciones difundidas por los cinco continentes. Bien por ellos que tienen tiempo para hacerlo y luchan sentados en su escritorio. Bien por ellos que pueden aceitar sus relaciones académicas de forma cotidiana, defendiendo el proceso sin salir de sus casas. Bien por ellos que practican la expiación de culpas criticando un proceso constituyente del cual fueron parte, cuyos resultados defendieron además públicamente.

Es la hora del dedo acusador, el dedo aséptico que señala los errores de un proceso en el que ellos estuvieron de lúcidos pensadores, pero que ahora critican sin señalar las propias debilidades y omisiones, no sea que los amigos de allende el mar vayan a decepcionarse. Insisten con esa Constitución cuyo proceso ahora critican. Pero ella no se niega a sí misma y por suerte y por vigor histórico nos va a sobrevivir a todas y todos. ¿Qué dice la Constitución respecto de la consulta?

En primer lugar, dice que la consulta previa es un mecanismo de la democracia participativa y directa. En segundo lugar dice que es un derecho de los pueblos indígenas (art 30) y abre ahí mismo tres momentos: Cuando se trate de medidas legislativas o administrativas que puedan afectar a los pueblos indígenas, éstos deberán ser consultados por procedimientos apropiados a través de sus instituciones. Cuando se trate de la explotación de recursos naturales no renovables, la consulta deberá ser previa, de buena fe y concertada. Será realizada por el Estado y deberá ser informada (art 403 de la CPE), en atención a la integridad del territorio indígena. Pero hay otra posibilidad. Cuando se trata de explotación de recursos renovables en determinado territorio, el artículo 352 dice que el Estado convocará a una consulta libre, previa e informada a la población afectada (no sólo a los pueblos indígenas).

Ahora bien, cuando se trate de pueblos indígenas, esta consulta debe respetar sus normas y procedimientos propios.

La cuarta posibilidad es para las autonomías indígena originario campesinas, donde sus autoridades podrán desarrollar estos procesos. La CPE se refiere a la consulta en otros artículos: respecto de la planificación económica y social, el plan general de desarrollo y la participación en la gestión ambiental.

Vemos que los constituyentes cuidaron especialmente el tema de la explotación de los recursos no renovables: es ahí donde obliga a que la consulta sea de buena fe, concertada, libre, previa e informada. Ahora bien, la construcción o no de la carretera por el TIPNIS no se refiere a la explotación de recursos naturales renovables o no renovables. Cuando algunos dirigentes firmaron contratos de explotación de madera, por ejemplo, ahí sí debían haber consultado de manera libre, previa e informada. Cómo será si lo hicieron, y cuántas diatribas se habrán escrito para que lo hagan.

La carretera es una medida que se puede calificar de legislativa o administrativa, susceptible de afectar a los pueblos indígenas que habitan ahí. Los requisitos para esta consulta son dos: que se realice a través de procedimientos apropiados y a través de sus instituciones. La CPE no especifica si cuando se habla de instituciones se habla de organizaciones formales o instituciones culturales. Pero para tranquilidad de todos, en las organizaciones formales que existen en el TIPNIS, las instituciones culturales, esto es, los corregidores, por ejemplo, son parte constituyente y definitoria de lo formal organizacional.

Bueno, pero los analistas dicen que ésta no sería una consulta previa, libre ni informada. Ya vimos que en este caso específico la CPE no especifica esas condiciones. Pero igual hagamos el análisis. La Ley 180, al establecer que no se va a construir ninguna carretera por el TIPNIS, anula en los hechos todo lo obrado respecto al Tramo II del proyecto, que por cierto no tiene diseño. La Ley 180 limpia la mesa, no hay proyecto, no hay diseño, no hay obras. Se está anulando con la empresa OAS lo referido al Tramo II. En este contexto, la consulta es previa en lo efectivo, porque no hay ninguna medida legislativa ni administrativa vigente que haya resuelto, con anterioridad a la consulta por venir, la construcción de ninguna carretera.

Respecto del carácter de “libre e informada”, no he sabido de ninguna medida de fuerza que les haya impedido a los dirigentes que no quieren la consulta entrar al territorio e informar a las comunidades sus razones respecto al tema. De hecho, más bien son ellos los que anuncian medidas para impedir el ingreso a otras personas. Tampoco sé de ningún plan malévolo para obligar a las personas y comunidades a ser consultadas.  El protocolo y la metodología de la consulta están siendo construidos con la participación de los interesados. Los dirigentes de la CIDOB y del TIPNIS también han sido invitados.

La Ley 222 (Ley de Consulta) establece también el uso de las lenguas propias del lugar, y la posible intervención de organizaciones internacionales veedoras. Los del dedo inmaculado también reniegan porque se consulte respecto de la intangibilidad. ¿Acaso no es ésa declaratoria una medida legislativa y administrativa que afecta a las naciones y pueblos indígenas que viven en el TIPNIS? ¿Por qué no habría que consultarles? Quisiera saber el motivo de la furia, y de cómo se cruzan los cables para que defendiendo los derechos de los pueblos, se les niegue precisamente esos derechos.

También se ha atacado sin misericordia a los marchistas del Conisur. Que ya no son indígenas porque plantan coca, porque viven cerca de los colonizadores, porque sus títulos son individuales. Es el espíritu colonial que, abusivo y dueño de la verdad, tiene el poder de designar al mundo, definiendo quiénes son y quiénes no son. Es el espíritu pre '52 también, cuando las rentas y propiedades definían tus derechos políticos.

Resulta que si tienes una planta de coca, ya no eres indígena. Ya está entonces resuelto el problema del Censo, para qué seguir discutiendo. Cuánto trabajo se hubiera ahorrado Xavier Albó cruzando datos respecto a qué idioma aprendió a hablar primero la gente y qué idioma habla ahora con mayor y menor frecuencia. Es nomás preguntar si tiene una planta de coca, o revisar su título de propiedad y listo. Si es individual, pierde sus derechos como indígena. La propiedad define la participación política y de paso borramos de un plumazo el derecho a la autoidentificación, reconocido por los organismos internacionales hace años.

Menos mal que la realidad va más allá de nuestros caprichos y pequeñeces. Menos mal que la Constitución sigue incólume y sigue diciendo “consulta, consulta”. Menos mal que tenemos un Presidente que admite errores y confía en la democracia. Ojalá que los inmaculados del púlpito o del internet pudieran trabajar mejor sus enconos, pedir también disculpas y hacer lo que con tanta insistencia predican.

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