Columnistas

La justicia… ¡qué vergüenza!

La imagen que desde las esferas judiciales se está dando a nivel inter-nacional es patética

La Razón / Dársena de papel - Óscar Díaz

02:00 / 20 de febrero de 2012

El comportamiento dispar de jueces y fiscales que supeditan su trabajo al capricho del gobierno del MAS ha colocado a la justicia boliviana en una situación vergonzosa. La imagen que desde las esferas judiciales se está dando a nivel internacional es, a esta altura de los acontecimientos, patética. Algunos casos de muestra —unos más conocidos que otros— para corroborarlo:

1) En Sucre, el líder indígena Hilarión Chávez lleva dos años detenido en la cárcel de San Roque por haber encabezado protestas de los ayllus Qara Qara Suyu en contra del MAS. A denuncia de la Federación de Campesinos, el INRA y la Brigada de Asambleístas de Chuquisaca (instancias dominadas por el partido de gobierno), Chávez marchó preso y sus causas judiciales (son varias) se prolongan indefinidamente.

2) El caso “24 de Mayo”, abierto por los vejámenes a campesinos, tiene con arresto domiciliario a cívicos y representantes de instituciones y organizaciones de Chuquisaca. Avanza a toda prisa; claro, cuenta con el impulso del gobierno de Evo Morales. En aquella triste jornada se vio al exministro Sacha Llorenti (paradójicamente, también expresidente de Derechos Humanos) dirigiendo a las masas de campesinos antes de que éstos ingresaran al centro de la Capital, lo cual fue tomado por muchos citadinos como una provocación. Por supuesto que los vínculos de este señor con el masismo pesaron más que su imagen depauperada tras su amargo paso por el Ministerio de Gobierno.

3) Lo del exprefecto Leopoldo Fernández tiene ingredientes de los puntos 1 y 2. Como Chávez, encarcelado y sin sentencia, espera desde hace años un proceso justo. Como los cívicos chuquisaqueños, fue rápidamente apresado y los instigadores del caso “Porvenir” siguen libres porque (lo sabe todo el mundo) tienen el respaldo del Gobierno y éste maneja, a su antojo, tanto a jueces como a fiscales.

4) También en Sucre, el abogado Luis Ayllón (ligado a la oposición) y el gobernador Esteban Urquizu (MAS) se iniciaron mutuamente procesos judiciales. Por un lado, la Fiscalía imputó a Ayllón por la presunta comisión del delito de desacato; por el otro, rechazó la denuncia penal en contra del Gobernador, a quien el abogado acusaba de incumplimiento de deberes porque no le pagaron sus beneficios sociales después de que fuera destituido de la ex Prefectura.

La lista podría continuar, citando casos específicos de cada departamento: el MAS está presente en la justicia de todo el país gracias a sus poderosos tentáculos políticos. Y no sorprende o irrita tanto esto, como la humillante subordinación de jueces y fiscales al Órgano Ejecutivo. No faltará quien diga que esto ha ocurrido siempre, en todo tiempo. Sí, pero este Gobierno llegó con la promesa del cambio y no se le debería tolerar este manejo descarado de la administración de la justicia nacional.

Mientras el cambio se hace esperar y duerme el sueño de los justos (como miles de causas atenazadas por la retardación de justicia), cualquier oficialista tiene la seguridad de que sus denuncias contarán con la diligente gestión de un ejército de fiscales y jueces al servicio del Gobierno para no perder la ‘pega’.

¿Cómo se entiende que un pedido de querella en contra de un gobernador del MAS sea rechazado en menos de 15 días y, en el otro lado de la balanza, no sólo políticos de la oposición, sino cientos de ciudadanos comunes y corrientes, desprovistos del seguimiento mediático, deban esperar meses, incluso años, para que la justicia les atienda con el respeto que se merecen por ser tan bolivianos como un gobernador? ¿Es o no un síntoma de vergüenza este accionar de la justicia?

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