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Sin ley

Los casos de acoso y violencia política contra mujeres no han sido tomados con suficiente seriedad

La Razón / Lucía Sauma

00:53 / 05 de abril de 2012

En la sesión del Concejo Municipal de San Ignacio de Velasco, del 13 de abril de 2011, la concejala Kary Middagh tuvo diferencias con su colega Romer Saucedo, por la contratación de personal. Saucedo terminó disparando con un revólver calibre 38 a la concejala y a su esposo en plena vía pública.

Un mes después, en mayo de 2011, la vicepresidenta de la Asociación de Concejalas de Chuquisaca, Magda Haase Pérez, denunció ser víctima de discriminación e intimidación de sus propios partidarios por pedir un informe sobre presuntos hechos de corrupción en el municipio de Tarvita.

“Mi esposo me golpeó, tengo siete puntos en la cabeza, me dejó ensangrentada, luego quemó mi ropa. Yo soy veterinaria y también quemó mis libros, hasta mi título profesional”, dijo Hortensia Condori, concejala de Viacha, a quien el presidente del Concejo Municipal le pidió que presente su licencia al cargo para “resolver sus problemas familiares”. Esto sucedió en agosto de 2011.

El 13 de marzo de 2012 fue encontrado el cadáver de la concejala de Ancoraimes Juana Quispe Apaza, quien días antes interpuso dos recursos de amparo contra todos los concejales y el Alcalde por abusos físicos, verbales y  negación de ingreso a las reuniones.

Estas denuncias son algunas de las 160 que recibió la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol) durante 2011. Los casos de acoso y violencia política contra las mujeres no han sido tomados con suficiente seriedad. ¿Será porque la mayoría se dan en el área rural? Las denuncias han sido retiradas o abandonadas ante las amenazas de sus agresores o por falta de dinero cuando han derivado en la justicia ordinaria.

Las alcaldesas y concejalas están convencidas de la necesidad de una ley que atienda, prevenga y sancione debidamente estos delitos, para que ninguna autoridad, dirigente, representante de partido político, agrupación ciudadana o pueblo indígena  acose o violente a las mujeres que están ejerciendo sus derechos políticos como candidatas o como autoridades electas.

Once años transcurrieron desde que se elaboró el primer proyecto de ley contra el acoso y la violencia política por cuestiones de género. En ese tiempo muchas fueron obligadas a renunciar a sus cargos luego de ser encerradas, golpeadas y amenazadas de muerte. Alguna abortó por los golpes recibidos antes de solicitar su licencia indefinida. Otra, con una cuerda en el cuello, firmó un papel en blanco que después usaron en su contra. Estas historias no se pueden repetir, sus agresores no pueden quedar impunes.

La aprobación de una ley será una forma de hacer justicia a tantas víctimas de acoso y violencia política, y de proteger los derechos de las mujeres en cargos de poder.

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