Columnistas

Estado matón

En la letra, tenemos un Estado garante de los derechos. Pero de garante a matón hay unos cuantos pasos

La Razón / Carmen Beatriz Ruiz

01:44 / 04 de abril de 2012

Según la doctrina de los derechos humanos, el principal garante de éstos es el Estado, por eso es el principal responsable cuando falla en esa garantía, por omisión o porque los viola. Nuestra nueva Constitución Política del Estado es garantista, con una extensa lista de derechos, que no deja fuera casi ningún tema, por muy exótico que parezca. En la letra, pues, tenemos un Estado garante de nuestros derechos. Pero, de garante a matón hay unos cuantos pasos. El Estado es garante si cumple sus obligaciones constitucionales; es matón cuando los vulnera a través de la persecución, el maltrato, las detenciones arbitrarias y la falta de respeto al debido proceso.

En cualquier parte del mundo con sistemas que se rijan por el Estado de derecho, hubo, hay y habrá tensiones y contradicciones entre la garantía de los derechos y la protección de la seguridad, como cuando los derechos de un sector colisionan con los de otro. Por ejemplo, el derecho a la protesta de unos puede afectar los derechos al libre tránsito, al trabajo o a la seguridad de otros.

El Estado tiene el uso de la fuerza pública, aplicándola para garantizar la seguridad de la población. Pero de protección a uso abusivo de la fuerza también median pocos pasos; como en Caranavi, en Porvenir, en la Octava Marcha Indígena y al impedir que la movilización de personas con discapacidad entrara a la plaza Murillo.

Otra forma de matonaje estatal es la judicialización de la política, cuando el gobierno de turno convierte instituciones que deberían servir para la aplicación de la justicia en medios de persecución a quienes piensan diferente y a quienes ejercen la oposición política. El escenario actual está lleno de ejemplos patéticos: el destituido alcalde de Potosí, René Joaquino; el exgobernador Cossío en Tarija, ahora refugiado en Paraguay; el exprefecto Leopoldo Fernández, de Pando, recluido en San Pedro; el depuesto gobernador de Beni, prácticamente cercado en Trinidad; el gobernador de Santa Cruz, literalmente acosado con juicios; el exalcalde de La Paz Juan del Granado, amenazado; el actual, también amenazado. Sigue una larga lista de autoridades municipales del lado “equivocado”. Todas son autoridades de la oposición.

Nadie en sus cabales puede negar que esto es judicialización de la política. El denominado caso Rózsa merece capítulo aparte por el uso desmedido de la fuerza, los asesinatos no esclarecidos y la cacería de brujas desatada y aún vigente en Santa Cruz.

El gobierno es matón estatal cuando, en un espectacular giro de su posición del proceso constituyente sobre el derecho a la consulta previa y la extensa carta de derechos de los pueblos indígenas,  pasa a tratar de imponer “sí o sí” el trazo de un tramo de la carretera entre Villa Tunari (Cochabamba) y San Ignacio de Mojos (Beni), amparándose en la defensa de un tipo de desarrollo que antes criticó. Y es matón cuando rechaza frontalmente la deliberación y las diferencias, cuando quiere imponer una línea de pensamiento único, estableciendo, a manera de dogma, que quien piensa distinto es enemigo ¿Doctrina de seguridad para el enemigo interno? 

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