Columnistas

¿Y los muertos de octubre?

En ese confuso juego político se encuentran las verdaderas víctimas de la  ‘guerra del gas’.

La Razón (Edición Impresa) / Yuri F. Tórrez

00:19 / 18 de octubre de 2016

Tal parece que preguntar acerca de las personas que fallecieron durante la denominada “guerra del gas” incomoda tanto a unos como a otros. Por un lado, a los unos que, con el afán de garantizar la venta de gas a Chile aún a sabiendas de que era un tema sensible para la población boliviana, ordenaron disparar a quemarropa en octubre de 2013 contra los sublevados de El Alto. Y a los otros que se subieron al ataúd de los muertos para proclamar a los cuatro vientos el fin del neoliberalismo y prometieron, en homenaje a los caídos de octubre, realizar todos los esfuerzos para que la justicia caiga con todo rigor sobre los culpables de aquella matanza.

Han pasado varios años desde entonces, 13 para ser exactos. Los presuntos responsables se cobijaron principalmente en territorio norteamericano, con el ardid de que en Bolivia no “tendrían un juicio ecuánime”, lo que hasta ahora les ha permitido zafarse cobardemente del juicio de responsabilidades. Este tema también incomoda a las autoridades gubernamentales que en un principio no tuvieron la voluntad política para impulsar la extradición de los responsables, aunque posteriormente se reivindicaron agilizando los trámites para tal efecto, y evitar así que la impunidad campee; trámites que dicho sea de paso estuvieron plagados de desprolijidades al principio.

En julio de 2015, Gonzalo Sánchez de Lozada se presentó a una comparecencia de siete horas en una de las salas del bufete legal Akin Gump Strauss Hauer & Feld, en Estados Unidos, en la que también participaron su abogada defensora y el representante legal de las víctimas de la “guerra del gas”. En esa ocasión cínicamente Sánchez de Lozada dijo que olvido o no sabía acerca de las muertes registradas durante la masacre de octubre de 2003. Incluso con un descaro que indigna afirmó que en ese momento “estaba despojado de su poder” y defendió a ultranza a su exministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín, y con un cinismo impresentable prefirió culpar a los militares de la matanza. Ese cinismo de Sánchez de Lozada cuenta con la protección del Gobierno de Estados Unidos, que hasta el momento no ha viabilizado la extradición del expresidente boliviano ni de su exministro. Mientras tanto, los familiares de los 72 muertos y más de 420 heridos peregrinan clamando justicia para sus seres queridos; gastando los pocos

recursos que tienen en abogados y con un dolor a cuestas aferrándose a la esperanza de que los (presuntos) culpables vuelvan algún día al país a enfrentar el juicio de responsabilidades que les corresponde para que sus muertos descansen en paz. Y para colmo, años atrás tuvieron que soportar el pedido de amnistía en favor de los responsables de esta matanza formulada por los obispos bolivianos en “aras de crear un clima de paz en el país” y como “gesto de reconciliación”. Acaso esos señores obispos no sabían que aquella matanza incluso se asemeja a una cacería de lobos, que empezó con la muerte de un niño de cinco años que había salido al balcón de su casa y recibió un tiro certero de los militares parapetados en el puente de la Ceja de El Alto, y con línea directa a la casa del niño.

En ese confuso juego político se encuentran las verdaderas víctimas que desesperadamente, pero con el ímpetu intacto, buscan la justicia de uno de los crímenes colectivos más malsanos de nuestra historia reciente, al extremo que solo recordar esos hechos luctuosos nos pone la piel de gallina. Este simulacro, “octubre negro” representa una piedra de toque que devela la persistencia de una mentalidad constreñida en la que los culpables se refugian en una impunidad grotesca. Es decir, una historia que es solo “la furia y el ruido”, como dice el entrañable Shakespeare.

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