Columnistas

La Razón (Edición Impresa) / Lucía Sauma

00:00 / 03 de agosto de 2017

El insaciable morbo aguarda, socapado, las noticias de todos los días para enterarse de la última violación, del más reciente maltrato a los niños y, una vez satisfecho, hacer una mueca cuando encuentra los detalles de esos hechos vergonzosos que dan cuenta de padres, hermanos o hermanastros vejadores de niñas o adolescentes a quienes engañan, ultrajan, amenazan y las convierten en sus víctimas quién sabe si por una sola vez o por largos años. Pregunto, ¿qué hace que un padre viole a su hija? Y un hombre de bien me contesta: “Que esté trastornado, que tenga la cabeza distorsionada, que no sea capaz de distinguir el bien del mal. Que de niño fue víctima de abuso”.

En 2014 la Defensoría del Pueblo dio a conocer que cada año se reportan 14.000 violaciones a niños, niñas y adolescentes en Bolivia. En la mayoría de los casos el agresor es una persona muy cercana, el padre, el hermano, el tío, el primo. Más devastador es saber que la mayoría de los casos no se denuncian porque los niños sienten temor o deciden callar justamente porque se trata de alguien cercano a quien aman aunque les haga daño. Son historias de vida que se llegan a conocer con el paso de los años cuando de adultos las víctimas deciden hablar, para explicar los traumas que presentan o las enfermedades que padecen, o porque quieren prevenir a sus hijos para que no sufran lo que padecieron de niños o adolescentes. Los abusos son los que generan las depresiones, trastornos alimenticios como la bulimia o la anorexia, prácticas sexuales de alto riesgo, la dependencia de bebidas alcohólicas o drogas y los suicidios.

Está claro que las leyes, la normativa por sí sola, no son la solución. Se necesita un cambio en el cotidiano de las personas y las familias. Un reforzamiento en los valores de amor y respeto por los niños y adolescentes; la prevención de los embarazos no deseados, porque esos bebés, al menos un gran número de ellos, serán rechazados y maltratados. También es necesaria una campaña por parte de las autoridades y de los ciudadanos para reducir el consumo de alcohol, actualmente tan aceptado y transmitido de padres a hijos; así como una vigorosa afirmación, en los ámbitos público y privado, de las capacidades de la familia para su función protectora y educativa.

Los medios de comunicación tenemos un papel fundamental difundiendo información útil, responsable, documentada, alejada de la crónica policial y la irresponsabilidad de las redes sociales. Urge que las noticias estén más enfocadas en la prevención que en el triste recuento de hechos. Los comunicadores tenemos la obligación de apelar continuamente a los adultos para que se constituyan en defensores de los niños y adolescentes y su derecho a vivir en armonía, seguros y amados por quienes viven en su entorno.

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