Columnistas

El oro del norte

Faltan políticas estatales de exploración, evaluación y aprovechamiento del potencial aurífero del país.

La Razón (Edición Impresa) / Dionisio J. Garzón M.

03:31 / 22 de febrero de 2013

En una perspectiva realista sobre el futuro de la minería aurífera del país, debemos concluir que hay una tarea pendiente del Estado en políticas de exploración, evaluación y aprovechamiento del potencial aurífero del país. Es curioso que un país con una de las cuencas aluvionales auríferas más grandes del continente, con un potencial de oro en roca en el Altiplano, en la Cordillera Occidental; y en el oriente del país, en el escudo Pre-Cámbrico, no haya podido definir una estructura adecuada para el desarrollo de ese potencial.

Con antecedentes históricos que demuestran la viabilidad de operar los aluviones auríferos del norte (Tipuani, Cangallí, Teoponte, Mapiri, Madre de Dios, etc.) y con un potencial remanente estimado en 30 millones de onzas de oro (algo más de 900 toneladas); la minería aurífera depende actualmente de la producción de cooperativas auríferas y de pequeñas operaciones de particulares.

En 2011, según datos del Ministerio de Minería, la producción mina fue de 6.513 kilos, de los cuales 4.675 los produjo aquel subsector. En 2012, las cosas no fueron diferentes, aunque a juzgar por los datos disponibles a la fecha, se exportó un valor muy superior ($us 26,11 millones, frente a los $us 7,24 millones en 2011, datos del INE) que supondría entre otras cosas un aumento de la producción de oro. Se consolida la supremacía del sector artesanal-informal con menos capacidad financiera y técnica, y contamina el ecosistema ribereño por mercurio; y que, según la publicación especializada Mercury Watch de enero de 2013, nos coloca entre los países con más emisiones de mercurio por año, después de China y Colombia. ¿Debemos seguir así?

La Corporación Minera de Bolivia en los 70, y luego en los primeros años 80, realizó agresivas incursiones de geólogos y mineros, para integrar a su portafolio el área de aluviones auríferos; pero los altos costos de operación, en una región de pobre infraestructura, y el poco interés político para sustentar los esfuerzos empresariales, derivaron en el abandono de proyectos          y ocupación de las mejores zonas por  cooperativistas, garimpeiros y pequeñas empresas. Esta situación prevalece hasta nuestros días, y en el área campean la minería informal, el contrabando y la evasión impositiva. Se estima que entre tres y cinco toneladas de oro salen anualmente de contrabando de aquella región.

La Empresa Boliviana del Oro (EBO), creada como un nuevo intento de control estatal, no tiene resultados positivos hasta ahora. Una fuerte resistencia corporativa de los sectores afectados; un Estado con mucha debilidad institucional, incapaz de sostener un programa de largo aliento; y un atemorizado empresariado, que escatima la inversión de riesgo en nuevos emprendimientos, mantienen un peligroso statu quo donde los que ganan son los informales y donde se bloquean las iniciativas de EBO en busca de racionalidad, crecimiento y control tributario y ambiental de la minería aurífera aluvional.

Como apuntaba en esta columna años atrás (La Razón 04.06.10), “...el oro es hoy el más estratégico de los metales que produce el país, el control de la cadena de producción y comercialización debiera ser prioridad nacional. Un adecuado fortalecimiento institucional y una clara política sectorial pueden convertir la minería artesanal y/o informal, que produce para invisibles reyes chiquitos, en una minería fuerte y moderna que beneficie a la región y al país”.

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