Columnistas

El pacto fiscal posible

El pacto fiscal es una oportunidad de conciliar la letra muerta de la legislación con la gestión por resultados

La Razón (Edición Impresa) / Gabriela Ichaso Elcuaz

00:01 / 13 de febrero de 2014

El pacto fiscal es un acuerdo político básico que legitima el papel del Estado central y de las entidades territoriales autónomas (ETA —vaya sigla poco feliz—) y universidades públicas, en el ámbito y alcance de los derechos y las responsabilidades sobre las finanzas públicas que corresponden a su nivel de gobierno. Así se define textualmente la propuesta interinstitucional de Santa Cruz para el país.

El valor de tal documento reside en que es el primero, después de muchos años de desencuentros y omisiones interinstitucionales, que reúne conceptos y datos de manera organizada para abrir un espacio de debate nacional, reconociendo todos los niveles de gobierno y la CPE. Es una invitación al análisis de fondo de cómo podemos poner en marcha un sistema que funcione y oriente efectivamente la inversión pública en función a las obligaciones y responsabilidades estatales, sean centrales, departamentales o locales, en las que los recursos financieros se destinen para su cumplimiento.

Entre los aciertos, la propuesta resalta una necesaria modificación en la legislación para que los impuestos y tasas que corresponden a las competencias autonómicas sean realmente autónomas; es decir, que su institución y aplicación nazcan y concluyan en el nivel de autonomía a las que pertenecen, sin la venia intervencionista del Gobierno central. La autoridad fiscal debe reconocerse en lo que respecta a cada nivel de gobierno y sus competencias. Entre las omisiones, están el uso trillado y discursivo de la lucha contra la pobreza y la lectura del Censo 2012 como un resultado de asignación poblacional de recursos. Debe profundizarse y esclarecerse con precisión, cada política pública tiene su razón de ser en la visualización de necesidades reales declaradas y reflejadas en dicho instrumento de relevamiento de información, así como los demás mecanismos de investigación y estudios que las cuantifican y califican.

Hay temas fundamentales que las políticas públicas en general y la propuesta en particular precisan ser tomados de una buena vez, como parte del debate técnico y político. Por ejemplo, la inequidad y la pertinencia en el país de asignar porciones tan dispares y contradictorias con el discurso y la práctica, como la inversión en las Fuerzas Armadas frente a la educación, o la atención a las demandas reales de grupos poblacionales vulnerables de alto riesgo, como mujeres, niños, discapacitados y vivientes en el campo y zonas periurbanas de las grandes ciudades.

Los modelos de inversión hacen parte del pacto fiscal y es el momento de avanzar en matrices intergubernamentales de acción por resultados, con responsabilidades concretas y asignaciones transparentes. La discrecionalidad de los presupuestos que se acusan al nivel central del Estado también deben ser graficados en los presupuestos departamentales, municipales y universitarios.

Hay preguntas que requieren respuestas: si la autonomía universitaria propone un incremento de sus recursos de coparticipación que se sustentan fundamentalmente en el pago de cátedras y construcciones de infraestructura, ¿quién transparenta y defiende los recursos necesarios para garantizar la enseñanza preescolar, primaria y secundaria como la primera función del Estado (donde Estado, nuevamente, es la totalidad de la administración pública en todos sus niveles de gobierno? La salud y otros temas recorren la misma hoja de ruta.

El pacto fiscal propuesto es una oportunidad de conciliar la letra muerta de la legislación con la gestión de políticas públicas, donde una ley nacional específica y completa establezca cuántos recursos se deben otorgar a los diferentes niveles de gobierno y para qué funciones y competencias, sin letra chica y poniendo en valor las autonomías constitucionales.

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