Columnistas

La paridad en riesgo

Los partidos usan triquiñuelas y fraudes para evitar que las mujeres ejerzan el poder que han ganado

La Razón (Edición Impresa) / Lourdes Montero

01:58 / 16 de marzo de 2015

Una vez más los partidos encuentran cómo vulnerar los derechos políticos de las mujeres. Usted, amable lector, leerá incrédulo esta afirmación, recordando toda la normativa favorable emitida en los últimos años a favor de la paridad de género en la representación política. Y es que no hemos terminado de celebrar el logro del 48% de mujeres titulares en la Asamblea Legislativa y ya tenemos que denunciar el incumplimiento de la Constitución Política del Estado.

Así es, pues lo único inacabable parece ser la sarta de trampas, triquiñuelas y fraudes que las organizaciones políticas encuentran para evitar que las mujeres ejerzan el poder que se han ganado. La nueva estrategia para excluirlas tiene como centro la “omisión”. Sí, como lo escucha, los partidos proceden a no sustituir candidatas mujeres inhabilitadas, dejando el espacio en blanco y obligando a que el Órgano Electoral, una vez conocidos los resultados de los comicios, habilite a los suplentes varones en los espacios que la Ley reserva para las mujeres.

Desde las diversas fuerzas políticas también se han recibido denuncias de que sus delegados convenientemente “extravían” los documentos legales de las candidatas, generando un número inesperado de inhabilitadas. Y como esta información no es transparente en los tribunales electorales departamentales, muchas mujeres políticas continúan haciendo campaña sin saber si fueron o no habilitadas como candidatas.    

Desde hace unos días, la campaña “50 y 50 ¡Paridad es ahora!” ha denunciado esta nueva forma de vulneración en las listas subnacionales. Basta una mirada a los datos para sospechar la eficacia de esta nueva forma de engaño: en La Paz, de 1.859 candidaturas inhabilitadas (en su mayoría mujeres), solo 27% fueron sustituidas; en Cochabamba, de 804 inhabilitados (también mayormente mujeres), fueron sustituidas tan solo un 16%. Santa Cruz es el único departamento que presenta un 100% de sustituciones y el resto de tribunales electorales departamentales ni siquiera han transparentado la información para poder hacer seguimiento.

Lo peor es que todos los partidos actúan de igual manera. El anecdotario de nuestra cultura política transita, recordemos, desde candidatos denominados “travestis” que cambiaban su sexo en las listas electorales y, por “un error de dedo”, un Juan aparecía convertido en Juana y un Alberto en Alberta. En una investigación realizada por el Órgano Electoral se encontraron este tipo de irregularidades en el registro de más de 900 candidaturas municipales en las elecciones de 1999. En ese mismo periodo fueron numerosas las denuncias contra los partidos que, una vez se cumplían con el requisito de alternancia en las listas, obligaban a sus candidatas a renunciar para dar paso a sus suplentes varones.

Ya en el ejercicio de su función, las mujeres electas sufren sofisticadas formas de chantaje, presión, sanciones e intimidación por sus propios compañeros con la complicidad de sus partidos políticos. A algunas mujeres este maltrato y acoso llega a costarles la vida, como los casos emblemáticos de Juana Quispe Apaza y Daguimar Ribera Ortiz que aún siguen sin resolución. A pesar de la aprobación de la Ley contra el acoso político, la impunidad continúa. Acobol nos informa que de 272 casos denunciados solo 13 tienen resolución administrativa o judicial.

Esta nueva denuncia de la forma en que los partidos políticos asumen los temas de derechos de las mujeres debe hacernos reflexionar e implica un cuestionamiento más que el Tribunal Supremo Electoral debe responder.

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