Columnistas

Un periodista de noticia

La Razón (Edición Impresa) / Waldo Molina Gutiérrez

03:31 / 28 de julio de 2014

El periodista autor de la nota “Una buena noticia para los periodistas” publicada el 14 de julio en La Razón inicia indicando que “Una muy buena noticia para los periodistas bolivianos ha pasado desapercibida: la sentencia de dos años y medio de cárcel contra un periodista por ejercer su trabajo fue anulada por la Corte Suprema de Justicia” (sic). El caso trata de un proceso penal iniciado por mi persona contra Rogelio Vicente Pelaez Justiniano, quien nunca acreditó su profesión de periodista en el proceso penal, y la sentencia judicial condenatoria no fue por ejercer su trabajo, sino porque cometió varios delitos contra el honor en su publicación “Larga Vista”. El autor de la nota también señala que la noticia llegó “tras cinco años de excesos”, “acoso judicial” y un “rosario de irregularidades que padeció Pelaez”, más no indica cuáles, en todo caso no fueron cinco años, ya que el proceso penal se inició en octubre de 2010, es decir hace tres años y nueve meses, tiempo en el que el periodista procesado no dejó de difamar de manera rigurosa cumpliendo su tarea o labor comprometida.

Dice la nota que Pelaez reveló un “extraño caso judicial” en el proceso contra Dante Escobar que desfalcó al FOCSSAP donde se sumaron 285 contribuyentes del FREP. Bueno, el autor de la nota primero no señala cual sería el “extraño caso judicial”; segundo, que los trabajadores públicos realizaron aportes a sus fondos y no “contribuciones” como señala; tercero, que el proceso contra Escobar fue por estafa y no por desfalco, enorme diferencia que demuestra que el autor de la nota no conoce el proceso y menos los tipos penales.

Buenamente podríamos decir que tal vez afirma eso por aquello de que algunos periodistas “tienen un mar de conocimientos y un milímetro de profundidad”. Lo que le sigue en la nota respecto a 285 “contribuyentes” ya no es casual, porque se le demostró con documentos al autor de la nota que los que iniciaron el proceso contra Escobar por sus aportes al FREP fueron más de 1.500 personas y no 285, lo que significa que de manera consciente y direccionada distorsiona los hechos de un proceso judicial.

Igual, el monto que cobraron los aportantes al FREP en el proceso judicial no fue de Bs 3.247.177.33 como indica la nota, sino el doble, porque en todo proceso penal la ley dispone que la jurisdicción no solo ordene la devolución del monto estafado, sino también el pago de daños y perjuicios. Esto significa que además de cobrar lo estafado cobraron también el resarcimiento de daños y perjuicios. Como consecuencia de estas distorsiones, el autor de la nota llega a una conclusión también distorsionada, porque el abogado de los 285 exaportantes no cobró por su trabajo un monto mayor al de sus clientes, sino un monto mucho menor, los datos falsos de la nota de prensa demuestran que el objetivo no es dar “buenas noticias”, sino seguir distorsionando los hechos de un proceso judicial.

Lo que viene a continuación en la nota es aún más falso, ya que el juez de la causa reguló honorarios del monto litigado por los aportantes al FREP y no del monto litigado por el FOCSSAP, cabe hacer notar que precisamente el periodista procesado publicó los mismos datos distorsionados y el proceso penal fue por ello y por acusar de robo y atraco a las arcas del Estado. Aquí es importante hacer una digresión sobre lo último, indicando que la defensa del “Estado” que ambos periodistas supuestamente asumen, en un acto de fundamentalismo hegeliano, de endiosamiento del Estado y su reproducción (contrario al marxismo que busca la desaparición del estado) estos dos periodistas en la línea hegeliana consideran al Estado como el “non plus ultra” de las instituciones, lo mejor, cuando toda la sociedad civil en Bolivia conoce actualmente que el Estado, por intermedio de su representante legal que es el gobierno, se dedica a perseguir a los ciudadanos fabricando pruebas y criminalizando personas, sea por razones partidarias y aun por razones domésticas de odio o resentimiento. Consiguientemente la defensa del Estado es también la defensa del neofascismo, y para defender al gobierno estos periodistas no necesitan distorsionar un proceso judicial que duró 14 años, sino única y simplemente defenderlo de frente en ejercicio de sus legítimos derechos políticos. Volviendo al tema, es fundamental señalar que el “bendito Estado” no aportó ni un céntimo a ninguno de los fondos de trabajadores estatales (FOCSSAP y FREP). Al contrario, la burocracia estatal encaramada en la dirección de estos exfondos y designada a dedo desde su creación hasta su liquidación vivieron de los recursos de los trabajadores. En resumen, los dineros del ex FOCSSAP y ex FREP son exclusivos de trabajadores y no del Estado.

La anulación del proceso judicial contra el periodista (que según la nota en principio sería la buena noticia para los periodistas, aunque al final que la buena noticia es para el Estado) no es porque Pelaez sea inocente, sino porque el Tribunal de apelación y el de casación observaron el proceso para que el juez de primera instancia fundamente uno de los delitos por los que fue absuelto. Esto significa que el proceso penal contra el periodista continúa y se realizará hasta su conclusión. Esta anulación también tiene su aclaración, primero que es producto de una parte del intercambio por el servicio al poder y a sus objetivos realizado por el periodista procesado. Segundo, por esa razón todo el aparato estatal se ha dado a la tarea de proteger a su servidor, utilizando en los tribunales del Órgano Judicial toda su influencia, aclarando que la anulación del proceso es lo más que podían otorgarle ya que era imposible declararlo inocente, entonces la nota al falsear la verdad difunde lo aparente y no lo verdadero.

Probablemente el lector esté cansado de tantas aclaraciones, lamentablemente son necesarias, demostrándose que el artículo no contiene buenas noticias para los periodistas, sino malas noticias, ya que una nota de un periodista llena de falsedades demuestra que existen periodistas que distorsionan la verdad en lo que escriben, no cumplen un principio básico “la veracidad”. En el fondo, el propósito del autor de la nota solo busca dañar a algunas personas y santificar a sus mandantes o empleadores, que por la frase en el último renglón de la nota (“Buena noticia para el Estado”) hace ver que no trata de alegrar con sus buenas nuevas a los periodistas, sino destacar que esa noticia es muy buena para el Estado, entiéndase para el gobierno, y yo digo que el periodista de la nota de prensa para defenderlo y darle las buenas nuevas las veces que considere necesario, lo que está en su pleno derecho, no necesita dar la vuelta mal utilizando caminos gremiales y/o judiciales.

Estas conductas, del periodista de la nota y del periodista procesado, por la falsedad de referencias y datos que difunden bien podría llevarnos a parafrasear lo que dice de la información (entiéndase desinformación) que difunden algunos periodistas Osvaldo Bayer en el prólogo a la segunda edición del libro “La cajita infeliz, un viaje marxista a través del capitalismo” de Eduardo Sartelli, indicando que: “Efectivamente, lo más despreciable de esta democracia que tenemos es el sistema de información” (pág. 14 Ediciones r y r, Buenos Aires 2013).

De mi parte, la buena noticia es que, pese al Gobierno y sus periodistas, el primero empeñado en apropiarse dineros de los trabajadores y los segundos difundiendo las distorsiones construidas y fabricadas sobre un proceso judicial, los trabajadores públicos siguen recuperando paulatinamente sus dineros aportados al ex FOCSSAP y ex FREP, así lo ha determinado otro juez diferente al vapuleado por los periodistas, haciendo justicia con los trabajadores públicos que en nuestro país no tienen ningún derecho laboral ni Estado que les proteja, solo sus propias fuerzas y su lucha para reclamar sus derechos, en un país como Bolivia que mantiene en este gobierno autodenominado “socialista” categorías de trabajadores, unos protegidos en la Ley del Trabajo y otros sin ninguna protección legal.

(Aclaración a la nota de prensa “Una buena noticia para los periodistas” de Freddy Morales)

Un periodista de noticia

 

Waldo Molina Gutiérrez es abogado

(Aclaración a la nota de prensa “Una buena noticia para los periodistas” de Freddy Morales)

El periodista autor de la nota “Una buena noticia para los periodistas” publicada el 14 de julio en La Razón inicia indicando que “Una muy buena noticia para los periodistas bolivianos ha pasado desapercibida: la sentencia de dos años y medio de cárcel contra un periodista por ejercer su trabajo fue anulada por la Corte Suprema de Justicia” (sic). El caso trata de un proceso penal iniciado por mi persona contra Rogelio Vicente Pelaez Justiniano, quien nunca acreditó su profesión de periodista en el proceso penal, y la sentencia judicial condenatoria no fue por ejercer su trabajo, sino porque cometió varios delitos contra el honor en su publicación “Larga Vista”. El autor de la nota también señala que la noticia llegó “tras cinco años de excesos”, “acoso judicial” y un “rosario de irregularidades que padeció Pelaez”, más no indica cuáles, en todo caso no fueron cinco años, ya que el proceso penal se inició en octubre de 2010, es decir hace tres años y nueve meses, tiempo en el que el periodista procesado no dejó de difamar de manera rigurosa cumpliendo su tarea o labor comprometida.

Dice la nota que Pelaez reveló un “extraño caso judicial” en el proceso contra Dante Escobar que desfalcó al FOCSSAP donde se sumaron 285 contribuyentes del FREP. Bueno, el autor de la nota primero no señala cual sería el “extraño caso judicial”; segundo, que los trabajadores públicos realizaron aportes a sus fondos y no “contribuciones” como señala; tercero, que el proceso contra Escobar fue por estafa y no por desfalco, enorme diferencia que demuestra que el autor de la nota no conoce el proceso y menos los tipos penales. Buenamente podríamos decir que tal vez afirma eso por aquello de que algunos periodistas “tienen un mar de conocimientos y un milímetro de profundidad”. Lo que le sigue en la nota respecto a 285 “contribuyentes” ya no es casual, porque se le demostró con documentos al autor de la nota que los que iniciaron el proceso contra Escobar por sus aportes al FREP fueron más de 1.500 personas y no 285, lo que significa que de manera consciente y direccionada distorsiona los hechos de un proceso judicial.

Igual, el monto que cobraron los aportantes al FREP en el proceso judicial no fue de Bs 3.247.177.33 como indica la nota, sino el doble, porque en todo proceso penal la ley dispone que la jurisdicción no solo ordene la devolución del monto estafado, sino también el pago de daños y perjuicios. Esto significa que además de cobrar lo estafado cobraron también el resarcimiento de daños y perjuicios. Como consecuencia de estas distorsiones, el autor de la nota llega a una conclusión también distorsionada, porque el abogado de los 285 exaportantes no cobró por su trabajo un monto mayor al de sus clientes, sino un monto mucho menor, los datos falsos de la nota de prensa demuestran que el objetivo no es dar “buenas noticias”, sino seguir distorsionando los hechos de un proceso judicial.

Lo que viene a continuación en la nota es aún más falso, ya que el juez de la causa reguló honorarios del monto litigado por los aportantes al FREP y no del monto litigado por el FOCSSAP, cabe hacer notar que precisamente el periodista procesado publicó los mismos datos distorsionados y el proceso penal fue por ello y por acusar de robo y atraco a las arcas del Estado. Aquí es importante hacer una digresión sobre lo último, indicando que la defensa del “Estado” que ambos periodistas supuestamente asumen, en un acto de fundamentalismo hegeliano, de endiosamiento del Estado y su reproducción (contrario al marxismo que busca la desaparición del estado) estos dos periodistas en la línea hegeliana consideran al Estado como el “non plus ultra” de las instituciones, lo mejor, cuando toda la sociedad civil en Bolivia conoce actualmente que el Estado, por intermedio de su representante legal que es el gobierno, se dedica a perseguir a los ciudadanos fabricando pruebas y criminalizando personas, sea por razones partidarias y aun por razones domésticas de odio o resentimiento. Consiguientemente la defensa del Estado es también la defensa del neofascismo, y para defender al gobierno estos periodistas no necesitan distorsionar un proceso judicial que duró 14 años, sino única y simplemente defenderlo de frente en ejercicio de sus legítimos derechos políticos. Volviendo al tema, es fundamental señalar que el “bendito Estado” no aportó ni un céntimo a ninguno de los fondos de trabajadores estatales (FOCSSAP y FREP). Al contrario, la burocracia estatal encaramada en la dirección de estos exfondos y designada a dedo desde su creación hasta su liquidación vivieron de los recursos de los trabajadores. En resumen, los dineros del ex FOCSSAP y ex FREP son exclusivos de trabajadores y no del Estado.

La anulación del proceso judicial contra el periodista (que según la nota en principio sería la buena noticia para los periodistas, aunque al final que la buena noticia es para el Estado) no es porque Pelaez sea inocente, sino porque el Tribunal de apelación y el de casación observaron el proceso para que el juez de primera instancia fundamente uno de los delitos por los que fue absuelto. Esto significa que el proceso penal contra el periodista continúa y se realizará hasta su conclusión. Esta anulación también tiene su aclaración, primero que es producto de una parte del intercambio por el servicio al poder y a sus objetivos realizado por el periodista procesado. Segundo, por esa razón todo el aparato estatal se ha dado a la tarea de proteger a su servidor, utilizando en los tribunales del Órgano Judicial toda su influencia, aclarando que la anulación del proceso es lo más que podían otorgarle ya que era imposible declararlo inocente, entonces la nota al falsear la verdad difunde lo aparente y no lo verdadero.

Probablemente el lector esté cansado de tantas aclaraciones, lamentablemente son necesarias, demostrándose que el artículo no contiene buenas noticias para los periodistas, sino malas noticias, ya que una nota de un periodista llena de falsedades demuestra que existen periodistas que distorsionan la verdad en lo que escriben, no cumplen un principio básico “la veracidad”. En el fondo, el propósito del autor de la nota solo busca dañar a algunas personas y santificar a sus mandantes o empleadores, que por la frase en el último renglón de la nota (“Buena noticia para el Estado”) hace ver que no trata de alegrar con sus buenas nuevas a los periodistas, sino destacar que esa noticia es muy buena para el Estado, entiéndase para el gobierno, y yo digo que el periodista de la nota de prensa para defenderlo y darle las buenas nuevas las veces que considere necesario, lo que está en su pleno derecho, no necesita dar la vuelta mal utilizando caminos gremiales y/o judiciales.

Estas conductas, del periodista de la nota y del periodista procesado, por la falsedad de referencias y datos que difunden bien podría llevarnos a parafrasear lo que dice de la información (entiéndase desinformación) que difunden algunos periodistas Osvaldo Bayer en el prólogo a la segunda edición del libro “La cajita infeliz, un viaje marxista a través del capitalismo” de Eduardo Sartelli, indicando que: “Efectivamente, lo más despreciable de esta democracia que tenemos es el sistema de información” (pág. 14 Ediciones r y r, Buenos Aires 2013).

De mi parte, la buena noticia es que, pese al Gobierno y sus periodistas, el primero empeñado en apropiarse dineros de los trabajadores y los segundos difundiendo las distorsiones construidas y fabricadas sobre un proceso judicial, los trabajadores públicos siguen recuperando paulatinamente sus dineros aportados al ex FOCSSAP y ex FREP, así lo ha determinado otro juez diferente al vapuleado por los periodistas, haciendo justicia con los trabajadores públicos que en nuestro país no tienen ningún derecho laboral ni Estado que les proteja, solo sus propias fuerzas y su lucha para reclamar sus derechos, en un país como Bolivia que mantiene en este gobierno autodenominado “socialista” categorías de trabajadores, unos protegidos en la Ley del Trabajo y otros sin ninguna protección legal.

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