Columnistas

Una perversa realidad

El interés político parece imponerse al principio ético de la mano de los medios de comunicación.

La Razón (Edición Impresa) / Carlos Ernesto Ichuta Nina

00:00 / 05 de marzo de 2017

El domingo 19 de febrero, la Red ATB emitió un video en el cual reapareció Gabriela Zapata declarando “su verdad” acerca de aquel hecho que representó un factor clave para que el 21 de febrero fuera celebrado como “el día de la democracia”, por algunos y el “día de la mentira”, por otros. Tal hecho fue cuestionado, razonablemente, debido sobre todo a la calidad del video, el tipo de entrevista, el manejo de la fuente, la forma en la cual fue emitido el material y el contenido no en sí de la “entrevista”, sino de los implícitos políticos que aparentemente comprometieron al propio medio televisivo, en función de lo cual algunos cuestionadores de buen corazón lamentaron la deslegitimación del mismo.

Sin embargo, esos cuestionamientos no emergieron desde un ámbito neutral de la opinión pública sino desde aquellos espacios que capturaron el campo político en el periodo previo al 21 de febrero de 2016, tornándolo en un escenario perverso. Así, como utilizando el mismo libreto, los cuestionadores critican el tipo de entrevista, cuando algunos de sus integrantes que provienen del ámbito de los medios de comunicación rompieron los cánones establecidos siguiendo a un eventual líder ramplón que cuando devino en forajido se retrajeron en desbandada. Los cuestionadores critican el manejo de la fuente, cuando el manejo de ésta ocurrió a placer permitiendo urdir medias verdades y medias mentiras para, lejos de toda ética periodística, generar desorientación e incertidumbre. Los cuestionadores critican la forma en la cual fue emitido el material, cuando la forma en la cual fue develado el caso Zapata no pasó por el filtro de la validación ni la verificación periodísticas, sino que dependió del lenguaje incendiario que se difundió con la velocidad del fuego mórbido propio de las redes sociales. Finalmente, los cuestionadores critican el contenido implícito del material porque su interés político es diametralmente opuesto a los intereses de aquellos que desde el otro bando acostumbran igualmente a tomar por asalto el campo político.

Pero el nodo del problema no consiste en esa oposición de intereses, sino en la forma en la cual se viene haciendo periodismo en el país, sobre todo cuando se tratan temas políticos de la dimensión mencionada. Si bien es costumbre que un hecho no llegue al receptor con la naturalidad de su ocurrencia y que el contenido que llega a éste es un mensaje elaborado por el emisor, lo que concierne al caso Zapata supone la degradación de ese proceso cuya práctica política periodística afecta por igual a aquellos que en razón de que no comparten el proceder de los inconformes son catalogados como “funcionales al gobierno”.

Tenemos así a comunicadores descencializados asumiendo papeles políticos y que como tales azuzan a la opinión pública colonizando el campo político tratando de ser reconocidos (Página Siete, dixit, el 23 de febrero) como “líderes” de un espacio que se supone independiente. El caso Gabriela Zapata representa pues un modo de hacer comunicación política, cuya consecuencia funesta es la polarización de la opinión pública sobre la base de mecanismos que no se conocían antes o que al menos eran resistidos.

Porque la relación entre política y medios de comunicación no es nueva. De esto dan cuenta sendos estudios referidos a la mediatización de la política boliviana, pero se supone que el principio de libertad de expresión encontraba como contrapeso la ética periodística. Hoy, el interés político parece imponerse sobre el principio ético que de la mano de los medios de comunicación genera un perverso escenario que merece un mea culpa de parte de los medios que además parecen estar acostumbrándose a la urdimbre de la forma olvidándose del contenido.

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