Columnistas

El proceso de reforma de la CIDH

Buscamos fortalecer la CIDH para que las futuras generaciones obtengan idénticos o mayores beneficios

La Razón / José de Jesús Orozco Henríquez

00:53 / 06 de octubre de 2012

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es patrimonio común de los pueblos de las Américas. Creada hace más de 50 años por los estados de la región para la protección de las y los habitantes y de las víctimas, se ha construido por cientos, miles de hombres y mujeres que han dedicado su vida a esta causa. Por ello, nadie puede disponer libertinamente del futuro de la Comisión, sino más bien debemos salvaguardarla como un patrimonio del que todos somos sus beneficiarios y sus custodios.

Nuestra obligación, y nuestro privilegio, es hacer uso de la Comisión para “la protección de los derechos esenciales” de la persona humana, tal como lo expresa la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Y nuestra aspiración debe ser fortalecer la Comisión, para que las generaciones futuras obtengan de ella idénticos, o mayores, beneficios.

Hoy día tenemos una Comisión en plena evolución. La Comisión ha reconocido que 2012 es un año de profunda reflexión sobre sus funciones, políticas, prácticas y regulaciones, y mis colegas y yo hemos decidido desencadenar un intenso proceso de consulta a todos los usuarios y las usuarias del sistema interamericano de derechos humanos sobre las funciones de la Comisión, y los pasos que pueden darse para fortalecer su actuación.

Junto a todos los actores del sistema interamericano, la Comisión se plantea la pregunta de cómo defender los derechos humanos en democracia. En las últimas dos décadas, América Latina ha tenido y tiene más gobiernos democráticamente electos que nunca antes en su historia. Esto es un logro en sí mismo. Pero, aún en democracia, persisten violaciones a los derechos humanos, aunque con una gran diferencia respecto de lo ocurrido bajo gobiernos autoritarios, en tanto los gobiernos democráticos buscan erradicar esas violaciones. Esto permite establecer términos de relación diferentes entre la Comisión y los gobiernos democráticos a los que existían entre la Comisión y los gobiernos autoritarios.

La Comisión ha reconocido las oportunidades y los retos que existen en el contexto actual. Teniendo como referencia las recomendaciones formuladas por el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) y las aportaciones de la sociedad civil, con base en la experiencia, mejores prácticas y lecciones aprendidas de su accionar en años de democracia, la Comisión ha elaborado una agenda de reforma de su reglamento, políticas y prácticas. Para ello, ha organizado foros y seminarios subregionales en Bogotá, Santiago, San José, Ciudad de México y Puerto España, y ha convocado a audiencias públicas. Este proceso de consulta busca asegurar máxima transparencia y amplia participación de todos los sectores involucrados. Asimismo, la Comisión está comprometida a coordinar su proceso con el que llevan adelante los estados miembros, según la decisión adoptada en la Asamblea General de la OEA en Cochabamba, y espera el auténtico fortalecimiento del sistema por los estados a través de su universalización, la implementación de sus resoluciones y la asignación de un presupuesto adecuado.

Si el examen diligente, profesional y responsable de toda medida o propuesta formulada en el proceso de consulta revela que ésta contribuirá a fortalecer el sistema interamericano, al hacer más eficiente y eficaz la promoción y protección de la dignidad y los derechos esenciales de la persona humana, en ejercicio de su autonomía e independencia, la Comisión asumirá su adopción como un deber impostergable, abonando en seguridad jurídica, previsibilidad y transparencia en su funcionamiento.  

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