Columnistas

Sobre la próxima Ley de Inversiones

La política de Estado debería orientarse a definir reglas claras y a reducir costos  de transacción

La Razón / Periscopio - Iván Finot

01:26 / 24 de marzo de 2013

En su reciente visita oficial a Francia, el presidente Morales ofreció seguridad jurídica para las inversiones en Bolivia, seguridad que quedaría garantizada a través de la próxima Ley de Inversiones. Y en varias oportunidades ha afirmado que las utilidades generadas por inversiones extranjeras podrán ser repatriadas. Sin embargo, la Constitución prevé que, en el caso de asociación para el aprovechamiento de recursos naturales no renovables, las utilidades deben ser reinvertidas en el país (art. 351).

La ley estará orientada a dar seguridad jurídica a la inversión extranjera y a la nacional, pero además se requiere una muy significativa reducción de costos de transacción, sobre todo para el caso nacional, a fin de incentivar la inversión de todo el enorme monto no utilizado de depósitos bancarios. Son tan largos y elevados estos costos que el principal medio de promover las inversiones no es crear nuevos incentivos sino reducir obstáculos. La legislación deber estar orientada a que invertir legalmente sea más provechoso que hacerlo ilegalmente. A continuación se hará algunas observaciones al proyecto de ley, partiendo de los principios en que se sustenta (art. 3), a fin de determinar en qué medida están siendo contemplados los objetivos que aquí se propone, y uno más amplio: el crecimiento económico sostenible en provecho de todos.

a) Se plantea que el Estado debe orientar las inversiones “hacia actividades económicas que contribuyan a la erradicación de la pobreza y a la reducción de desigualdades económicas, sociales y regionales”, pero a esto debería añadirse: al desarrollo científico y tecnológico, que haga sostenibles esos objetivos y el crecimiento económico, a largo plazo.

b) Se sigue insistiendo en la “industrialización”, pero la ley debería desarrollar “el cambio de la matriz productiva”, tomando en cuenta que los países que han logrado superar el subdesarrollo se han orientado sobre todo al desarrollo tecnológico y los servicios avanzados.

c) Se plantea “seguridad jurídica...  asegurando siempre la protección del interés colectivo sobre el interés individual”. Pero repetir este principio constitucional y no desarrollarlo puede dar lugar a arbitrariedades. Lo adecuado sería “asegurando siempre el cumplimiento de la legislación vigente”, e incluir en esta última, por ejemplo, el derecho de los originarios a tener participación accionaria en las empresas dedicadas al aprovechamiento de los recursos naturales no renovables.

Se debe destacar en cambio que se establece que los requisitos para invertir deben ser regulados con “procedimientos y plazos breves y sencillos”, lo que se orienta a reducir costos de transacción. Para lograr este segundo objetivo, a lo establecido en esta ley deberían sumarse normativa y regulaciones facilitadoras en: la apertura y cierre de empresas de todo tamaño, el régimen laboral (instaurando algo como la “flexiguridad” danesa) y también en la aplicación de justicia. El objetivo sería que invertir formalmente sea más conveniente que hacerlo informalmente, situación esta última que predomina actualmente.

En cuanto a encaminar que empresas extranjeras se asocien con estatales dedicadas al aprovechamiento de recursos naturales no renovables, lo óptimo sería una reforma constitucional. Por el momento se podría legislar, sin contradecir a la Constitución, que tales empresas estén obligadas a reinvertir sus utilidades pero no en su totalidad, sino en determinado porcentaje. En suma, para que los objetivos que el Presidente ha trazado puedan concretarse, el actual proyecto de Ley de Promoción de Inversiones debería ser mejorado.

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