Columnistas

Un terremoto para nuestras conciencias

La Razón (Edición Impresa) / Tejiendo pistas - Xavier Albó

00:00 / 31 de julio de 2016

Hoy hago mi columna mano a mano con Richard Mateos, un ciego español que está entre nosotros. Este miércoles se cumplieron seis meses desde que irrumpió, como un terremoto para nuestras conciencias, un movimiento social de personas con discapacidad (PCD). Se articuló en torno a tres demandas presentadas al Estado: 1) renta mensual de Bs 500 para todas las personas con discapacidad, sobre el que el Gobierno ni siquiera los ha querido oír; 2) un carnet indefinido para la discapacidad grave y muy grave, en vez del actual que debe renovarse cada cuatro años, lo que fomenta mucha manipulación; y 3) la creación de una comisión mixta entre técnicos del Estado y de las asociaciones del sector para revisar los baremos que miden la discapacidad.

Su argumento central es que la renta actual de Bs 1.000 anuales es totalmente insuficiente para asumir los cuantiosos gastos que acarrea el sector, como pañales, medicamentos o personas que apoyen a quienes necesitan ayuda para comer, medicarse, salir de casa... La renta, dicen, es ineludible para que el sector pueda compensar la desventaja que acarrea su discapacidad y el no cumplimiento de leyes y decretos anteriores que se quedan en el papel. Antes de irse presentaron un proyecto de ley sobre esa renta, calculándola en 250 Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV) (unos Bs 500 en julio-2016) a las PCD cuya discapacidad sea de un 30% o más; y se financiaría con los recursos que el Estado recibe de empresas transnacionales.

A su vez el Gobierno sostiene que tal renta mensual es inviable para la economía nacional. No sería bueno —dicen— aprobar algo insostenible a lo largo del tiempo. Si el bono se consolida como un derecho, ¿qué haremos cuando nos encontremos en vacas flacas?, afirman; y Álvaro García añade que los menores ingresos para el Estado por la caída de precios del petróleo y menores ingresos en materia de impuestos impiden considerarlo; opta por ayudas en vivienda, educación, salud y trabajo, que ya están en gran parte en leyes y decretos anteriores pero que no se cumplen. Sostienen que defender la renta sería promover el asistencialismo en una sociedad que (en teoría) va hacia el socialismo.  

Raquel vende dulces en los semáforos para alimentar a su hija de 23 años, que está en estado vegetal y hay que cambiarle pañales, alimentarla, hacerle todo. Raquel ha trabajado como lavandera, costurera y limpiadora para algunas empresas, pero cuando tiene que dejar el trabajo para cuidar a su hija es despedida sin contemplaciones: ¿qué solución aporta la autoridad para Raquel? ¿Cómo denunciará una mujer sordomuda y sin intérpretes que es víctima de violencia machista? ¿Por qué las personas ciegas perciben una renta de Bs 5.600 al año, mientras que otras personas con discapacidad solo reciben Bs 1.000? No planteamos que se deba quitar la renta a un colectivo para darle a otro, pero el Gobierno debería explicar por qué hay esas diferencias entre sectores.

El Gobierno puede estudiar la renta en otros países (por ejemplo en España se fija a partir del 65% de discapacidad, y se deja de percibir cuando la persona obtiene un trabajo estable con salario digno); y otros tipos de prestaciones para quienes necesitan cuidados permanentes. El Gobierno debería hablar de estas cosas, en lugar de hacerse el sordo o, peor, dividir y reprimir a las personas con discapacidad cuando protestan por su vida inhumana.

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