Columnistas

Más transparencia financiera en la región

Ecuador demuestra  liderazgo en esta tendencia, gracias a una excelente ley de registro de beneficiarios finales. La utilización de paraísos fiscales se ha multiplicado por cinco en América Latina en los últimos 15 años.

La Razón (Edición Impresa) / Ricardo Martner

23:51 / 20 de febrero de 2020

Años después de la publicación de los “Papeles de Panamá”, que mostraron cómo personas adineradas y poderosas usaron las guaridas fiscales para lavar dinero, evadir impuestos y ocultar su riqueza; es el turno de África de aparecer en los titulares de los periódicos del mundo entero. Con la reciente filtración llamada “Luanda Leaks”, el mundo supo que Isabel dos Santos, la mujer más rica de África, había recibido, junto con su marido, miles de millones de dólares del gobierno de su padre, en Angola, a través de un imperio empresarial que abarcaba más de 400 empresas en 41 países, muchas de ellas en las jurisdicciones más secretas.

Nada muy sensacionalista para los lectores latinoamericanos, acostumbrados a escándalos de corrupción entre sus élites. Pero en América Latina, como en el resto del mundo, las cataratas de revelaciones de la última década, gracias a valientes denunciantes y periodistas de investigación, han obligado a muchos gobiernos a enfrentar parcialmente la industria del secreto financiero y las redes de corrupción transfronterizas.

Es lo que demuestra la última edición del Índice de Secreto Financiero (ISF), un ranking publicado cada dos años por la ONG británica Tax Justice Network. En promedio, los países han reducido su contribución al secreto financiero global en un 7% respecto al 2018. Eso significa concretamente menos espacio para prácticas como la que utiliza la banca en la sombra, la propiedad anónima de compañías fantasmas o la propiedad inmobiliaria anónima. Lo que a su vez limita las posibilidades para el lavado de dinero de todos los tipos de tráficos, la evasión fiscal y las enormes concentraciones de riqueza no gravada en paraísos fiscales.

En nuestra región, Ecuador demuestra liderazgo en esta tendencia positiva, gracias, entre otros, a una excelente ley de registro de Beneficiarios Finales, que permite identificar a los verdaderos propietarios, muchas veces escondidos. De hecho, podemos considerar que es el mejor registro público en el mundo entero (trabajo atribuido al gobierno anterior).

Bolivia aparece en el 91º lugar del ranking global, más o menos igual que hace dos años (88). Aunque esta clasificación pueda parecer positiva, no significa que Bolivia sea transparente. El índice, que evalúa la intensidad con la que el sistema legal y financiero de un país permite a los individuos ricos y a los criminales esconder y lavar el dinero extraído de todo el mundo, pesa con el peso de cada jurisdicción en este mercado. Representando solo el 0,01% de los servicios offshore del mundo, Bolivia es solo un actor marginal. Por otra parte, si se considera solo su grado de secreto (79, muy por encima de la media mundial), se encuentra entre las naciones opacas. De manera general, un reciente informe de Oxfam denuncia el hecho que la utilización de paraísos fiscales se multiplicó por cinco en Latinoamérica en un periodo de 15 años.

Por supuesto, debemos recordar que las jurisdicciones más populares para las élites latinoamericanas son Bahamas, Islas Caimán y Miami. De hecho, los mayores contribuyentes al secreto mundial no son los países latinoamericanos, sino los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, que reúne a los países más ricos del mundo, y del cual solo México y Chile son miembros en la región) responsables del 49% de todo el secreto financiero del mundo, según la medición del ISF en 2020. Esta participación se manifiesta de manera directa o a través de sus dependencias a las que externalizan parte de su secreto financiero, como las Islas Vírgenes de Estados Unidos, Curazao o las Islas Caimán, lo que demuestra una notable hipocresía de los países más desarrollados del mundo.

Pero también es un hecho que la fuga de capitales de América Latina por parte de las élites latinoamericanas y los extranjeros por igual ha estado socavando el desarrollo de la región durante décadas. La Cepal ha calculado, por ejemplo, que el costo de la evasión y la elusión fiscal en América Latina alcanzó un 6,3% del PBI en 2017, cifra equivalente a 335.000 millones de dólares.

Tampoco se puede olvidar que las corporaciones, domésticas y transnacionales, aprovechan los vacíos legales para esconder enormes ganancias tributables. Es justamente debido a ello que la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT), de la cual soy miembro, aboga por un sistema tributario internacional reformado, que redistribuya las utilidades de las empresas a partir de la tasación unitaria de las multinacionales. Esto eliminaría en gran parte el beneficio de las guaridas fiscales que están dejando a los países sin recursos fiscales.

Las consecuencias son brutales. Esta falta de recursos impide a los gobiernos de invertir en servicios públicos, como educación, atención de la salud, servicios de guardería, agua potable y sistemas de saneamiento. La hemorragia financiera también exacerba la desigualdad de géneros, porque las mujeres están sobrerrepresentadas entre los pobres y entre las personas con empleos precarios o mal remunerados. Esta situación también obliga a los países a recurrir a impuestos regresivos sobre el consumo, con lo que la carga fiscal se desplaza a los segmentos más pobres de la población.

Por eso, es urgente que cada país latinoamericano aborde seriamente el tema de la transparencia financiera. Convertir la corrupción de las élites en un argumento contra los políticos, mediante la manipulación de los medios de comunicación y del Poder Judicial, puede ser sumamente peligroso para la democracia, como lo han demostrado varios episodios ocurridos en los últimos años en la región. Sobre todo, es una retórica ilusoria si los países no se dotan de instrumentos fiables y reconocidos internacionalmente para desenmascarar a todos aquellos que quieren seguir beneficiándose de la opacidad financiera. Bolivia, por ejemplo, debería requerir la registración de beneficiarios finales en registros públicos y online (para sociedades y todo otro tipo de vehículos jurídicos). Sería un instrumento esencial en la lucha contra la opacidad financiera y la evasión fiscal.

Al final, la transparencia financiera es también una emergencia política. Al seguir haciendo la vista gorda a la corrupción y la evasión fiscal y al persistir en responder a la falta de recursos fiscales mediante programas de austeridad, los gobiernos están poniendo en peligro su legitimidad a los ojos de la población, abriendo de par en par la puerta a los movimientos radicales, con la consiguiente miseria y violencia.

* Es economista, miembro de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT, por sus siglas en inglés).

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