Columnistas

El transporte público

Quienes dependemos del transporte público estamos en condiciones de indignarnos, de reclamar, de protestar

La Razón / José Gramunt es sacerdote jesuita y director de ANF.

02:54 / 22 de enero de 2012

Quienes dependemos del transporte público estamos en condiciones, yo diría en el derecho, de indignarnos, de reclamar, de protestar. Asumo hoy este tema por ser de interés común y —lo confieso— para evadir otros asuntos de los que, por el momento, prefiero no escribir. Hablemos pues del transporte público urbano. Tratando de sistematizar el asunto, los elementos que están en juego son el pasajero, el chofer, los sindicatos del volante, las alcaldías, la Policía y la estructura urbana. Empecemos por dejar sentado que el peatón y el pasajero deberían ser los beneficiarios (y en muchos casos lo somos) del buen orden vehicular. En multitud de casos somos las víctimas.

El chofer. Justo es reconocer el buen servicio de muchos taxistas a quienes debemos la posibilidad de movilizarnos de un lado al otro. Pero también hay conductores que agravan el problema, ya de por sí complejo. Desde el micrero que detiene su bus en medio de un cruce de calles y colapsa las cuatro vías, hasta el asaltante (es la excepción), pasando por el minibusero inexperto o el simple taxista malhumorado, al que no le da la gana de recoger a un pasajero apremiado por alguna urgencia. Y no sigo porque la lista es inacabable.

También hay que tener en cuenta a los sindicatos a los que el gobierno populista no es capaz de meter en cintura. Los sindicatos tienen el monopolio del transporte colectivo. Los dirigentes obtienen ganancias muy por encima del legítimo rendimiento de sus inversiones, pese a que muchos de sus vehículos se encuentran en pésimo estado o han superado el tiempo de vida útil. Después tenemos que llorar accidentes mortales. Y la autoridad competente no ha visto nada.

La regulación del tráfico automovilístico ¿debería continuar en manos de la Policía Nacional o pasar la autoridad municipal? La Constitución reconoce a las alcaldías la regulación del tráfico rodado. Pero la Policía no se resigna a perder un pingüe flujo de ingresos, muchos de ellos ilegales y abusivos. Es un tema estructural, dicen quienes emplean eufemismo para camuflar negocios turbios. Pues si es estructural, no hay más que pasarlo a la estructura municipal. Que la Policía tiene harto trabajo en otros quehaceres más peliagudos.

Vengamos a un caso reciente. La Alcaldía paceña creó un cuerpo uniformado destinado a ordenar el tráfico vehicular. Pues bien, los llamados “agentes de parada” de la Policía Nacional les han impedido cumplir su misión. ¿Dónde está el quid? En que la Alcaldía paceña no está bajo la batuta del MAS. Así de simple. Entonces, si esta injerencia partidista no se resuelve, tampoco se aliviarán las incomodidades de la gente.

La estructura urbana. Nuestras ciudades no fueron planificadas bajo la previsora dirección de brillantes urbanistas. Lo primero que los municipios deben emprender es la regulación vehicular en los barrios antiguos. Pero vuelven a chocar con una resistencia cerril de unos dirigentes sindicales que no están dispuestos a cumplir las normas establecidas por el municipio. Y aquí topamos con otro problema estructural; yo diría ético: la politización, incluso la corrupción de algunos funcionarios y dirigentes sindicales.

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