Columnistas

El estado... del transporte

Es el Estado quien dirime los intereses en función del bien común por encima de los apetitos particulares

La Razón (Edición Impresa) / Pablo Rossell Arce

00:06 / 19 de enero de 2014

Este 2014 arrancó con la noticia de que La Paz y El Alto por fin contarán con un transporte masivo decente: nuestro teleférico. Paralelamente, se anunció el inicio de operaciones de otra modalidad de transporte masivo: los buses PumaKatari.

Los poderosos dirigentes empresariales del autotransporte, arropados bajo el manto de la forma sindical, no tardaron en expresar su oposición a estas dos necesarias e importantes medidas de modernización de nuestro sistema de transporte urbano. Poco tardaron en anunciar el temible “bloqueo de las mil esquinas” (temblad, pusilánimes peatones... y peatonas). El argumento es tan simple que (parafraseando al gran alemán) cabe en una cascara de nuez: el transporte masivo “quita” empleos a los minibuseros. A mí, personalmente, me parece más un dogma de fe que un argumento. Y no precisamente de la fe que mueve montañas, sino de la que mueve masas; masas enardecidas defendiendo su trabajo, por poner el caso los asalariados a destajo del transporte.

Se espera que el área metropolitana de La Paz y El Alto, que hoy en día cuenta con más de 1,6 millones de habitantes, tenga mucho mercado para el transporte urbano. Estimaciones a mano alzada de su columnista indican que ambas ciudades demandan 700 millones de viajes urbanos al año. Si duplicamos la capacidad de los PumaKatari y del teleférico, no alcanzamos a cubrir esa demanda. Así que necesitamos teleféricos, necesitamos PumaKatari y sí, también necesitamos minibuses. Nadie se quedará sin empleo.

En contrapartida a las beligerantes declaraciones de los choferes, más de una organización vecinal se ha declarado en emergencia y ha anunciado responder a chicotazos la insolencia de los transportistas... Lo cual parece tener sentido desde el punto de vista de proporciones numéricas: por mucho que veamos nuestra ciudad inundada de minibuses (tantos, que parecen —solo parecen— ser más numerosos que los sentimientos), en realidad, los transportistas son una fracción minoritaria de la sociedad.

Y como proporción minoritaria de la sociedad, pero organizada corporativamente y con capacidad de articular eficaces grupos de choque, los empresarios del transporte se constituyen en una fracción social que impone (o trata de imponer) sus intereses particulares por encima de los intereses del conjunto de la sociedad, pues. Y la sociedad, el grueso de la sociedad, trata de defenderse como pueda (sin contar con las condiciones de articulación de afinidades, tiempos e intereses que brinda el compartir una actividad económica regular y permanente).

De esa manera es que podemos llegar a la posibilidad real de que se produzcan enfrentamientos físicos entre transportistas y juntas vecinales, por dar un ejemplo que ya se ha presentado más de una vez. Fuerza contra fuerza, entonces. Reflejo callejero de la lucha de intereses (particulares) contra intereses (generales, del pueblo). Pero la nuestra no es una sociedad de grupos que andan dándose de trompadas para ver quién impone sus intereses al resto (parece, pero no lo somos; los bolivianos somos harto pacíficos en realidad). El juego de intereses se dirime según un parámetro social superior, expresado como el bien común. Y, siguiendo con las abstracciones, es el Estado quien dirime los intereses en función del bien común. Y cuando se acaba el necesario e imprescindible momento del diálogo y la negociación, viene el momento de imponer desde el Estado (con todos los instrumentos a su alcance) la garantía del bien común por encima de los apetitos particulares, para que no sean las fracciones de la sociedad las que acaben disputando a macanazos sus intereses.

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