Columnistas

De violentos políticos y gobernantes

Muchas mujeres enfrentan acoso y violencia política, producto de la persistencia de prejuicios

La Razón (Edición Impresa) / Mónica A. Novillo G.

02:03 / 01 de marzo de 2016

El asesinato de la concejala Juana Quispe, el 12 de marzo de 2012, puso en evidencia ante la opinión pública la problemática del acoso y la violencia política contra las mujeres, que había sido invisibilizada y hasta naturalizada, como ocurre también con otras formas de violencia contra las mujeres en nuestra sociedad. A pesar de los esfuerzos para lograr su reconocimiento de parte de instituciones como la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol) y la Coordinadora de la Mujer, entre otras, solo la muerte de Quispe permitió acelerar el proceso de aprobación de la Ley Contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres, que se discutía primero en el Parlamento y posteriormente en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

La participación política de las mujeres ha alcanzado porcentajes inéditos en Bolivia, que destacan como uno de los principales avances en materia de igualdad de género (las mujeres representan el 51% en la Asamblea Legislativa, 51% en la Cámara de Diputados y 44% en el Senado). Porcentajes similares se han logrado en los niveles subnacionales, donde de 272 asambleístas departamentales titulares 123 son mujeres, es decir el 45%. En La Paz, como ejemplo, 47% de los integrantes de la Asamblea son mujeres.

Muchas de estas mujeres enfrentan situaciones de acoso y violencia política, que son producto de la persistencia de prejuicios en contra de su participación, y que reflejan prácticas políticas muy arraigadas en sociedades patriarcales que necesitan ser transformadas. No es raro entonces comprobar que el encubrimiento, la tolerancia y la complicidad frente a los actos de violencia y acoso político sean el pan de cada día en los espacios de decisión donde están las mujeres, y que sean tolerados por los partidos políticos y los líderes de las organizaciones, quienes prefieren hacer la vista gorda ante las denuncias internas, callan y no intervienen, guardan un silencio cómplice, dejando a las mujeres en desprotección. Para las mujeres que deciden buscar ayuda está claro el riesgo de acabar con su carrera política, echarse el aparataje partidario en contra y ser víctima de represalias por la denuncia.

Adicionalmente no existen mecanismos de denuncia en las instancias como las asambleas departamentales que, en claro incumplimiento del artículo 16 y la disposición transitoria quinta de la Ley 243, no han modificado sus reglamentos internos para adecuarlos a la mencionada norma y desarrollar mecanismos que enfrenten esta problemática, protegiendo a las víctimas y sancionando a los agresores.

Está claro también que se requiere de voluntad política y acciones concretas para luchar contra la violencia hacia las mujeres, no solo la que se produce en relaciones de pareja, sino también en el ejercicio de los derechos políticos. Aunque pareciera evidente que no se puede escindir la vida privada de la pública, no podríamos esperar que el asambleísta golpeador Marín Sandoval, quien se prepara para retornar a la Asamblea Departamental de La Paz, desarrolle mecanismos para proteger a sus colegas mujeres (del MAS y de la oposición), quienes viven (según conocimos) situaciones de acoso y violencia política.

Mientras tanto, las organizaciones de mujeres demandamos compromisos firmes y acciones concretas para el cumplimiento de nuestras leyes, y convocamos a la ciudadanía a ser parte de la vigilancia social que debemos realizar para evitar que nuestros gobernantes sean violentos agresores o encubridores de diferentes formas de violencia contra las mujeres.

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