Según alerta un reporte de la Defensoría de la Niñez, en lo que va del año al menos 46 niñas y niños menores de cinco años fueron abandonados en la sede de gobierno. La mayoría de ellos fueron encontrados en hospitales, iglesias, plazas y hasta en casas de perros o en basurales. De este total solamente el 5% logró retornar a su hogar, pues se trataba de descuidos de los padres, quienes recuperaron a sus hijos luego de caer en cuenta que habían desaparecido. Los demás fueron enviados a orfanatos estatales y privados.

Las principales causas de este fenómeno social, que se repite en mayor o menor medida en el resto de los municipios, no son ninguna incógnita. Se sabe que detrás de cada niño abandonado existe un embarazo no deseado o una violación; hechos que a su vez devienen por la persistencia de factores como la pobreza, la marginalidad y la violencia de género. Y la respuesta ante este fenómeno tampoco es desconocida: la construcción de una política de Estado sostenible en el tiempo, que enfrente esta situación de desamparo promoviendo mayores oportunidades laborales y educativas entre los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Eso, a largo plazo, y a corto plazo, con campañas de planificación familiar y de educación sexual orientadas especialmente a los adolescentes y a quienes viven en las calles.