Editorial

Aborto no punible

Es necesario considerar que lo que está en juego es un asunto de salud pública

La Razón / La Paz

00:07 / 03 de noviembre de 2013

Días atrás, en ocasión de la presentación del Examen Periódico Universal de Bolivia ante el Comité de Derechos Humanos (CDH) de Naciones Unidas, en Suiza, dicho órgano de la organización global recomendó al país suprimir el requisito de una autorización judicial que necesitan las mujeres víctimas de violación, incesto o estupro para someterse a un aborto terapéutico.

En efecto, el artículo 266 del Código Penal boliviano exceptúa la punibilidad del aborto en caso de que el embarazo haya sido consecuencia de violación, estupro o incesto, o que represente peligro para la madre, pero siempre y cuando se cuente con una autorización judicial, aspecto de la normativa que fue observado por el CDH, basado en el hecho de que por esta vía sólo se han resuelto seis abortos legales en el país.

El principal sustento de la recomendación que emitió el principal órgano de los derechos humanos de la ONU, referida a “garantizar de manera efectiva el acceso al aborto legal y seguro en dichos casos”, es el elevado porcentaje de mortalidad materna causado por abortos en condiciones de riesgo, y “un alarmante número de investigaciones procesales contra mujeres por aborto ilegal”, según resalta el informe del comité.

Por su parte, el representante en Bolivia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos resaltó que los informes en el país señalan que hay 80.000 abortos al año y una elevada tasa de mortalidad materna, y aclaró que la recomendación no se refirió a legalizar del todo el aborto, sino a los casos que ya están estipulados en la norma boliviana; “esta posición de la ONU es en todo el mundo. La visión es promover los derechos de la mujer”, explicó.

En el seno del oficialismo, tanto en el Órgano Legislativo como en el Ejecutivo, la noticia llegada desde Ginebra provocó reacciones enfrentadas. Así, para la presidenta de la Cámara de Diputados es muy oportuno considerar dicha recomendación porque actualmente se trabaja en la modificación del Código Penal y del Código Niña, Niño y Adolescente, mientras que para el Ministro de Salud nadie externo puede influir en un país independiente y descolonizado como Bolivia, pues, afirmó, “la decisión es nuestra, ningún organismo externo puede ni recomendarnos ni decirnos lo que tenemos que hacer”.

Si bien no es posible generalizar a partir de dos declaraciones, sí es evidente desde hace meses que se trata de un asunto sensible para las autoridades, puesto que las implicaciones de cualquier decisión que tomen tendrán un impacto político importante. Sin embargo, es necesario considerar que, al margen de cualquier consideración basada en el efecto electoral que pueda tener, lo que está en juego es un asunto de salud pública y, sobre todo, el derecho de las mujeres a decidir soberanamente sobre su cuerpo. El debate debe continuar.

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