Editorial

Acuerdo financiero

La nueva ley cambia la concepción liberal de la industria de intermediación financiera

La Razón / La Paz

02:19 / 15 de junio de 2013

Después de varias reuniones de socialización de la Ley de Servicios Financieros entre banqueros y autoridades de los órganos Ejecutivo y Legislativo, finalmente, en el encuentro entre el Presidente del Estado y los dueños de los bancos, se llegó a un acuerdo relativo a la regulación por decreto de las tasas de interés únicamente para los préstamos al sector vivienda y productivo.

Los pactos alcanzados dan una señal muy clara respecto al tipo de mercado de intermediación financiera que se va a estructurar a futuro, una vez promulgada la Ley de Servicios Financieros. Por un lado, el dogma de libre mercado total (DS 21060) para la determinación de tasas de interés ha sido parcialmente enterrado, y por otro, el paradigma de un total control estatal del precio del dinero ha sido limitado.   

En el plazo inmediato, la capacidad de conciliación del presidente Morales permitió encaminar el punto más problemático de la ley, que a su vez se constituía en el espíritu mismo de la norma, porque cambiaba una concepción liberal de la industria de intermediación financiera por un esquema más discrecional y centralizado de control de precios, determinado por el Ministerio de Economía. Ahora, en el marco más flexible de una economía mixta, se ha podido determinar un esquema de intervención proactiva del Estado, con un criterio de regulación de tasas dependiendo de qué sectores precisan ser potenciados, con el criterio privado de asignación de recursos prestables, en función de una tasa de interés determinada por el mercado.

Lo que queda por delante es operar este acuerdo, identificando sobre todo a los actores del sector productivo y de vivienda social que serán favorecidos con menores tasas, esperando que quienes accedan a estos recursos subvencionados en tasas de interés retribuyan siendo buenos pagadores y buenos emprendedores, contribuyendo con ello al desarrollo del país.

Finalmente, el principio de pretender controlar la industria financiera por decretos ha quedado limitado. Sin embargo, es también evidente que la supuesta eficiencia en la asignación de créditos mediante el mercado es, en muchos casos, discriminatoria. En este sentido, la solución pasa por rescatar las mejores prácticas de ambas ópticas, y aplicarlas según las necesidades y madurez de cada sector económico al que se pretende incentivar, promover o favorecer con acceso a recursos para financiar sus emprendimientos.

Si bien los resultados han sido satisfactorios tanto para el Gobierno como para los banqueros, la reunión podía haber sido el escenario ideal para tratar temas que van más allá de las tasas de interés, como por ejemplo pedir que los bancos promuevan más mecanismos de ahorro popular, o que se comprometan en el marco de su responsabilidad con sus clientes y la sociedad a destinar recursos para la educación financiera.  

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