Editorial

Amazonía en riesgo

La reforma fue calificada como una seria amenaza contra la ya deteriorada Amazonía

La Razón

03:17 / 20 de diciembre de 2011

Semanas atrás, el Senado brasileño aprobó una reforma que flexibiliza las leyes que regulan el uso de suelos. Entre otras medidas, la norma reduce de 80 a 50% las áreas de selva protegida en propiedades privadas; de 30 a 15 metros la franja que se debe mantener en la ribera de los cursos de agua y otorga una amnistía para los que talaron ilegalmente el bosque antes de 2008.

La reforma fue calificada por grupos ecologistas como una seria amenaza contra la ya deteriorada selva amazónica, tanto más peligrosa por cuanto abrirá las puertas a una mayor deforestación. En esta línea, Marina Silva, excandidata presidencial, lamentó esta iniciativa, pues considera que su aprobación podría significar 20 años de retroceso en la legislación ambiental de Brasil.

En efecto, en los últimos años, las autoridades del vecino país adoptaron una agresiva campaña para conservar el bosque tropical. Gracias a esta lucha contra la tala ilegal, la superficie deforestada en la Amazonía brasileña cayó de 30 mil kilómetros cuadrados al año en 1995 (300 mil hectáreas) a sólo 6.451 en 2010.

La participación de Marina Silva, quien promovió la reglamentación e implementación de la aún vigente Ley Forestal durante su paso encabezando el Ministerio del Ambiente y Desarrollo de Brasil (2003), fue fundamental para este logro, que encontró en los satélites y los grupos indígenas a sus mejores aliados. La presión de organizaciones no gubernamentales, que consiguieron la predisposición de países desarrollados de no comprar madera, cuero o soya que no estuviera certificada como procedente de zonas no deforestadas, fue asimismo trascendental para la conservación del bosque amazónico.

No obstante, este avance puede quedar en fojas cero ahora que el Senado brasileño aprobó, con una abrumadora mayoría, esta nueva norma que, entre otras prerrogativas, permite regularizar la deforestación cometida hasta 2008, echando por tierra los esfuerzos por sancionar la tala ilegal de bosques.

Al respecto, Tatiana Carvalho, responsable de deforestación de Greenpeace, destaca que el solo anuncio de la amnistía ha repuntado la deforestación en un 15% respecto a 2010: “Con esta norma se podrán talar o quemar legalmente 22 millones de hectáreas y se amnistiaría la deforestación de 30 millones de hectáreas”. En contrapartida, la norma establece la obligación de recuperar las áreas que sean degradadas en el futuro e incentivos económicos para los agricultores que adopten prácticas sustentables.

Los ecologistas confiaban en que la presidenta Dilma Rousseff vete la ley; sin embargo, les preocupa que no haya intervenido en el Senado para buscar cambios en esta reforma. El problema de fondo es que no existen verdaderos incentivos, locales ni internacionales, por conservar la Amazonía, pese a la importancia que tiene para el planeta.

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