Editorial

Ancianos abandonados

Es responsabilidad del Estado invertir recursos para garantizar el goce de sus derechos

La Razón (Edición Impresa) / La Paz

01:17 / 28 de agosto de 2014

En conmemoración al Día del Adulto Mayor, el martes, se difundieron algunas cifras concernientes a este sector; por ejemplo, que en solo 15 de los 339 municipios existen asilos municipales, y que el 80% de los ancianos que viven en hospicios han sido abandonados por sus familiares, el restante 20% acude a esos lugares huyendo del maltrato, por extravío o a solicitud de los hijos.

Por si todo ello no fuese suficiente, cabe recordar que en muchos de los centros privados de acogida los adultos mayores y personas con discapacidad viven en pésimas condiciones, e incluso son víctimas de maltratos y abusos de parte de los responsables, según pudo constatar el Viceministerio de Defensa del Consumidor a través de operativos sorpresa realizados el año pasado.

Ciertamente estas cifras no son alentadoras, más bien deberían causar vergüenza entre propios y extraños, en tanto reflejan la deplorable situación que muchos ancianos atraviesan en el país, pues además de la desatención estatal son víctimas de abusos de parte de sus familiares y de desconocidos, que se desentienden de su cuidado, los agraden o aprovechan su vulnerabilidad para despojarlos de sus bienes y escasos recursos.

La desprotección estatal se puede percibir en la falta de asilos municipales, como antes se señaló. En el caso de La Paz, solo tres de las 87 municipalidades cuentan con albergues para ancianos. Esto se debe a la escasa importancia que se le da a las políticas sociales, lo que se refleja en presupuestos ínfimos o nulos para la construcción de hospicios y centros de salud exclusivos para personas de la tercera edad. Esto pese a que los gobiernos municipales están obligados por ley a crear centros de  acogida y a velar por su bienestar. 

En cuanto al ámbito privado, la Defensoría del Pueblo ha señalado que en 2013 se registraron 15.004 denuncias  de vulneraciones de los derechos de las personas adultas, 18% más que en 2012. Además de maltratos físicos y psicológicos, la mayoría de los casos se relaciona con el despojo de sus bienes, principalmente inmuebles y dinero, perpetrado generalmente por familiares cercanos: hijos, hermanos, nietos y sobrinos. Estas iniquidades no se limitan al hogar, sino también a la justicia, pues son muy pocos los casos de abuso remitidos a la Fiscalía o la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) que han sido resueltos. De hecho tal es el grado de desamparo que los adultos mayores de El Alto decidieron protagonizar una marcha de protesta en noviembre de 2013, exigiendo el respeto de sus derechos.

Es de esperar que la conmemoración del martes haya servido para recordar que todos debemos respetar a este sector de la población, y que es responsabilidad del Estado invertir recursos para garantizar el goce de sus derechos.

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