Editorial

Aprender de la tragedia

No deberían ser rejas ni candados los que delimiten la responsabilidad  del gobierno local

La Razón / La Paz

00:01 / 12 de enero de 2012

El trágico accidente del domingo último en el parque de diversiones Super City Park, en La Paz, ha desnudado un problema que probablemente se repite de idéntica manera en este tipo de centros de entretenimiento: no hay control alguno sobre la seguridad de quienes allí acuden en busca de esparcimiento, y las autoridades locales se desentienden del problema.

En efecto, luego del accidente, el Gobierno Municipal de La Paz hizo conocer que su labor fiscalizadora se había limitado a la celebración del contrato de arrendamiento a la empresa propietaria del parque de diversiones, dejando a ésta la tarea de asegurar la calidad y seguridad de los juegos mecánicos. Mal mirado, esto no tiene nada de extraño; sin embargo, la muerte de una persona provocada por una máquina poco segura muestra que en realidad los empresarios estaban más preocupados de los ingresos que produce el parque que de garantizar la seguridad de quienes gastan su dinero en ellos.

El efecto inmediato se traduce en la total pérdida de confianza de la gente en estos parques de diversiones, lo que amenaza directamente el negocio. Asimismo, tras la tragedia han llegado las acciones legales y no es excesiva la imputación por homicidio culposo contra los responsables de la empresa, que de oficio ha planteado el Ministerio Público. A ello deben añadirse las acciones que la ley faculta a la familia del fallecido, pese a que ya se anunció que se les pagará una indemnización, además de los gastos de sepelio y de hospitalización de la viuda, quien también sufrió daño físico por el fallo de la máquina.

Pero quienes más deberían preocuparse por los efectos del accidente que se comenta son las autoridades municipales, pues se hizo evidente que no son capaces de garantizar la seguridad de las personas. En un intento de descargo, explicaron que mientras dura el arrendamiento del terreno municipal, lo que pase dentro de éste es responsabilidad de los privados que alquilan el espacio, lo cual no debiera ser aceptable, pues no deberían ser rejas ni candados los que delimiten la responsabilidad pública del gobierno local.

Finalmente, la tragedia debe ser también un campanazo para las autoridades del Viceministerio de Defensa del Consumidor, que ahora saben que la precariedad en este tipo de centros de diversión es una amenaza a la seguridad y la vida de las personas, por tanto cabe en el ámbito de su mandato.

Hay, pues, una dura lección que debe ser aprendida, quién sabe si por los empresarios, pero sí por las autoridades, que deberán generar más y mejores mecanismos para asegurar la calidad del servicio que prestan los privados a la ciudadanía. Se trata, en última instancia, de un asunto vinculado con la seguridad ciudadana, que, ya se ha dicho antes en este mismo espacio, no consiste únicamente en perseguir delincuentes.  

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