Editorial

Autonomía a paso lento

Hasta ahora, ni un solo Estatuto Departamental está listo para ser aplicado

La Razón / La Paz

00:15 / 29 de diciembre de 2011

A 19 meses de haberse elegido y posesionado las y los asambleístas departamentales, cuya tarea prioritaria era elaborar los estatutos autonómicos de sus respectivos departamentos, el resultado de su labor legislativa dista de ser el más óptimo, pues si bien en conjunto hay 250 leyes departamentales aprobadas, ni un solo Estatuto Departamental está listo para ser aplicado.

La situación debiera ser preocupante, pues la ausencia de esta norma fundamental de los gobiernos departamentales impide una cabal apropiación, legislación y ejecución de las competencias autonómicas indicadas en la Constitución Política del Estado; y, por tanto, el proceso de creación de un Estado con autonomías avanza como en cámara lenta. Llama especialmente la atención el caso de los departamentos de Tarija, Santa Cruz, Beni y Pando, que ya en 2008 habían aprobado, mediante ilícito referéndum, estatutos autonómicos que bien pudieron ser la base para pergeñar nuevas normas departamentales.

Una explicación fácil a esta situación diría que los gobiernos de esos departamentos estuvieron sometidos a constante inestabilidad política, lo que impide cualquier gestión legislativa. Sin embargo, en realidad sólo Tarija sufrió una conflictiva transición cuando el Gobernador electo fue apartado del cargo por denuncias de supuesta corrupción. Santa Cruz no sólo no ha cambiado a su Gobernador, sino que su Asamblea Legislativa Departamental (ALD) es dominada por el partido del Ejecutivo; Beni, en efecto, ha cambiado de Gobernador en circunstancias similares a las tarijeñas, pero recién en las últimas semanas, y el Ejecutivo tuvo al menos un año y medio de control sobre su ALD; finalmente, la Asamblea de Pando es dominio del MAS desde 2009, pero tampoco trabajó en el Estatuto.

Corresponde además idéntico reclamo a las demás ALD, pues pese a tener clara mayoría masista, y por tanto estabilidad garantizada, tampoco hicieron lo necesario para culminar su tarea de dotarse de estatutos. Al respecto, al menos tres asambleístas departamentales, consultados por este diario, coincidieron en justificar esta situación en una supuesta falta de asesores técnicos.

Respecto de las 250 leyes departamentales aprobadas hasta ahora, los propios asambleístas reconocen que todas han sido de índole administrativa y han tenido escaso impacto en la vida de la población. Los 19 meses de trabajo legislativo departamental le han costado al Estado $us 6.778.928 sólo en salarios de los 267 asambleístas de todo el país.

Hay, pues, una gran deuda de los gobiernos departamentales para con la población, pues se crearon grandes expectativas en el proceso autonómico, tanto desde la oposición como del oficialismo. No se trata únicamente de quedar bien con los votantes, sino sobre todo de cumplir con el mandato constitucional, que es lo verdaderamente importante.

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