Editorial

Autonomías indígenas

 Cada uno de estos autogobiernos indígenas expresa de manera diferente su identidad

La Razón (Edición Impresa)

23:34 / 24 de julio de 2018

En Bolivia son varios los municipios cuya población es mayoritariamente indígena originaria. De ellos, dos se han transformado en Autonomía Indígena Originaria Campesina (AIOC), y una mancomunidad de varios municipios se ha transformado en Territorio Indígena Originario Campesino (TIOC). Todos ellos aportan innovaciones a la institucionalidad del Estado.

Se trata de la Autonomía Guaraní Charagua Iyambae, la Autonomía Indígena Originario Campesina Nación Uru Chipaya y la Autonomía del Pueblo Indígena de Raqaypampa. Como se puede notar desde el mismo nombre, cada uno de estos autogobiernos indígenas expresa de manera diferente su identidad, lo que da cuenta de la diversidad que su sola existencia aporta al Estado Plurinacional de Bolivia.

El Viceministro de Autonomías señala cuatro grandes innovaciones en la gestión de la cosa pública y del gobierno local que están aportando estas autonomías indígenas: nuevas formas del órgano legislativo, aplicación efectiva de la justicia comunitaria, elección propia de autoridades, y aplicación de la economía comunitaria.

Respecto a la primera innovación, el viceministro explica que el órgano legislativo proviene de un modelo “neoliberal republicano”, el cual consiste en que las tres autonomías indígenas establecen diferentes mecanismos para ejecutar las tareas de control y legislación, teniendo en común que las asambleas de las autoridades comunitarias o de las y los ancianos son las que se encargan de contener a la autoridad ejecutiva del gobierno autonómico.

La segunda innovación está en la aplicación de la justicia originaria, idea mal comprendida hace una década, y que en los hechos se resume en dejar que la autonomía indígena se haga cargo de los delitos menores y su sanción, y derive los mayores, como el asesinato o el narcotráfico, por ejemplo, a la justicia ordinaria. La excepción está en Charagua, donde, debido a que el 40% de la población no es guaraní, se aplica la justicia intercultural.

La tercera innovación, que recién se pondrá en práctica en 2020, consiste en emplear métodos propios para la elección de autoridades locales. Uno de los vocales del Tribunal Supremo Electoral aclaró que esta modalidad no se aplicará en las elecciones de 2019 por ser nacionales.

Finalmente, la cuarta innovación está en el desarrollo de la economía comunitaria, cuyo principal objeto es, por el momento, la preservación y el buen uso de los recursos de la biodiversidad local. Un ejemplo de ello se observa en Raqaypampa, donde se cultiva papa de semillas autóctonas, evitando el uso de transgénicos.

Se trata, pues, del lento (a veces demasiado) tránsito hacia la democracia intercultural, donde no existe un modelo único de gestión, y más bien se permite innovaciones como las que aquí se comenta. Es seguro que estas iniciativas no estarán libres de problemas, conflictos y obstáculos, pero dan cuenta de la vocación autonómica que existe en el país.

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