Editorial

Autos y contrabando

Los dos comerciantes antes citados no son los únicos que trabajan con este esquema.

La Razón (Edición Impresa)

00:00 / 13 de julio de 2017

La importación ilegal de vehículos a Bolivia no solo está relacionada con los autos “chutos”, que cada vez ingresan menos, sino también con otros sofisticados esquemas que implican la subfacturación de su verdadero costo, además de estafas a los compradores en el país y, en algunos casos, hasta la falsificación de documentos. Perseguir a los comerciantes no es fácil.

En efecto, a inicios de junio, a pedido de Bolivia la Justicia chilena detuvo a un ciudadano chino-estadounidense acusado de importar al país 4.000 automóviles subfacturados. A fines de ese mismo mes, el comerciante ya había recuperado su libertad. El personaje en cuestión es investigado en Bolivia desde 2011, cuando se lo imputó por los delitos de falsificación de documentos, estafa y enriquecimiento ilícito con afectación al Estado. Por los mismos ilícitos también está procesado un ciudadano paquistaní.

Estas dos personas son acusadas de la importación a suelo boliviano de vehículos cero kilómetros declarando ante la Aduana un valor inferior al que realmente tienen. Según el abogado de la Cámara Automotor de Bolivia (CAB), entidad que agremia a los importadores legales de motorizados, el Estado pierde “al menos $us 200 millones por año” en impuestos omitidos.

Según las denuncias que motivaron la intervención del Ministerio Público de Bolivia, esta modalidad de importación y venta de automóviles no solo afecta al fisco boliviano y a los importadores formales, sino también a los compradores, que son atraídos por los comerciantes con ofertas demasiado atractivas como para ser verdad. Quienes se animan a confiar en estos vendedores descubren luego que se les entrega facturas por más o menos la mitad del monto efectivamente pagado y, lo que es peor, en el trámite aduanero para la importación de los motorizados ellos aparecen como importadores de estos carros y, por tanto, son pasibles a ser considerados cómplices del delito.

Los dos comerciantes antes citados no son los únicos que trabajan con este esquema. En abril de 2013 una investigación periodística de este diario, realizada en Iquique, permitió descubrir que en esa ciudad chilena son muchos los comerciantes que ofertan vehículos sin papeles para ser internados a Bolivia a través de rutas ilegales. Su negocio consiste en ofrecer los coches a precios sorprendentemente bajos, explicando que a eso se debe añadir el costo de la nacionalización, que si bien incrementa el precio final, sigue estando por debajo de lo que cobran las importadoras legales.

Este es, pues, otro ejemplo de cuán importante y urgente es que Bolivia y Chile se sienten a discutir de asuntos fronterizos, ya que, por la lenidad de unos y la falta de institucionalidad de otros, hay personas inescrupulosas que medran a costa de engañar al Estado boliviano y a sus ciudadanos sin que, hasta ahora, haya forma de ponerle freno a sus ilícitas prácticas.

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