Editorial

Bares de remate

Según un testigo, la presencia de  policías vestidos de civil es algo corriente en ese local

La Razón (Edición Impresa) / La Paz

02:39 / 12 de mayo de 2015

Las cantinas que funcionan clandestinamente gozan de muy buena salud en la urbe paceña. Además del consumo excesivo de alcohol, es de conocimiento público que varios de estos locales promueven el tráfico de drogas y la prostitución, labores que incluso pueden esconder casos de trata de personas, amén de la violencia que siempre acompañada a este tipo de actividades.

Entre los diferentes bares de remate que pululan en la sede de gobierno ninguno tan conocido como “El Caballito”, cuyo nombre ha salido a la luz pública en reiteradas ocasiones, asociado siempre a hechos de violencia o actos delictivos. En enero de 2009 este boliche cobró notoriedad luego de que la prensa vinculase a sus presuntos dueños, los hermanos Ernesto y Luis Fernando Córdova Santiváñez, con Jorge O’Connor, empresario tarijeño que tenía un contrato con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para construir una planta de GLP por $us 86 millones y que fue asesinado mientras transportaba $us 450.000 para, según estableció la Justicia tiempo después, pagar una coima al entonces presidente de la compañía estatal de hidrocarburos, Santos Ramírez.

En julio de 2012, pese a que la Alcaldía había determinado su cierre definitivo en 2007 por diferentes escándalos e irregularidades, el nombre de este bar salió otra vez a la luz pública vinculado a un nuevo hecho de sangre, después de que Roy Campusano, un delincuente prontuariado de 24 años, recibiese un proyectil por la espalda, disparado por un suboficial de policía que utilizó su arma de reglamento luego de discutir con la víctima en el baño del local.

Cuando su nombre empezaba a pasar de moda, el fin de semana último de nueva cuenta “El Caballito” hizo noticia gracias a un reportaje publicado por este diario que da cuenta de que sigue funcionando en Villa Fátima, pese a haber sido clausurado “definitivamente” por la municipalidad en al menos ocho ocasiones y las reiteradas denuncias de los vecinos.

Y es que no falta motivos para clausurarlo una vez más (quizás la novena sea la vencida), pues en su interior no solo se comercializan bebidas alcohólicas, sino también drogas al raleo, y además se practica la prostitución. Por si todo ello fuera poco, un cliente consuetudinario reveló a La Razón que la presencia de policías vestidos de civil es algo corriente en ese boliche, y que estos parroquianos son los que más conflictos causan por las “chicas del lugar”.

Quizás este último testimonio permita comprender parcialmente el porqué del aparente manto de impunidad del que goza “El Caballito”, pues si bien este tipo de bares evitan los controles municipales empleando cámaras, chivatos y argucias legales (argumentando por ejemplo que se trata de una fiesta privada), como señalan los vecinos, las irregularidades que se cometen en ese local, al igual que su ubicación, son vox populi.

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